El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una nueva ley que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y protestas sociales, en medio de una crisis política y social que mantiene al país parcialmente paralizado por bloqueos, enfrentamientos y demandas de renuncia contra el mandatario.
La normativa elimina restricciones establecidas por la anterior Ley 1341 de 2020, conocida en Bolivia como “Ley Copa”, que limitaba la participación militar en tareas de control interno durante estados de excepción. Con la nueva legislación, el Gobierno podrá desplegar al Ejército de forma más expedita frente a disturbios, bloqueos y movilizaciones sociales.
La decisión fue aprobada tras intensos debates en la Cámara de Diputados y ocurre después de casi un mes de protestas que mantienen bloqueados accesos estratégicos hacia La Paz, El Alto y otras regiones del país. Las movilizaciones reúnen a sindicatos, mineros, campesinos, indígenas y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes responsabilizan al Gobierno por el deterioro económico y el aumento del costo de vida.
El oficialismo sostiene que la nueva ley busca restablecer el orden y garantizar circulación de alimentos, combustible y medicinas, particularmente después de que los bloqueos comenzaran a generar problemas de abastecimiento y pérdidas económicas millonarias en varias ciudades bolivianas.
Sin embargo, la medida provocó fuertes críticas de sectores opositores, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos, que advierten sobre una posible militarización de la crisis y riesgos de represión contra manifestantes. La tensión aumentó todavía más después de la muerte de al menos un manifestante durante operativos policiales y militares registrados en los últimos días.
La crisis boliviana también comenzó a adquirir dimensión regional. Organismos internacionales, la Iglesia Católica y gobiernos latinoamericanos expresaron preocupación por el deterioro político y humanitario, mientras continúan reportándose escasez de alimentos, combustible y medicamentos en distintas regiones del país.
El gobierno de Paz acusa a Evo Morales y a sectores radicales de promover desestabilización y bloqueos con fines políticos, mientras dirigentes sindicales e indígenas sostienen que las protestas responden al rechazo contra medidas económicas, eliminación de subsidios y pérdida de poder adquisitivo.
Para América Latina, la decisión de Bolivia vuelve a colocar bajo atención el debate regional sobre el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y control de protestas, una discusión especialmente sensible en países marcados por antecedentes de represión militar y crisis políticas.