Las negociaciones alrededor de la nueva ley antilavado entraron en una fase decisiva dentro del Congreso, donde diputados de distintos bloques mantienen conversaciones privadas para intentar alcanzar consensos antes de la sesión prevista para el próximo 2 de junio, fecha en la que podría aprobarse la normativa de manera definitiva.
A diferencia de semanas anteriores, la discusión ya no gira únicamente alrededor de la urgencia internacional para aprobar la ley, sino sobre las enmiendas impulsadas por distintas bancadas, especialmente en temas relacionados con sanciones, responsabilidad de notarios, montos de multas y alcance de supervisión financiera.
Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en las sanciones económicas y penales. Algunos diputados consideran que las multas propuestas siguen siendo excesivas y podrían afectar a profesionales y operadores económicos, mientras otros bloques sostienen que el endurecimiento de castigos es precisamente lo que exige la evaluación internacional de Gafilat prevista para 2027.
Dentro de las negociaciones también aparecieron propuestas para modificar artículos relacionados con la responsabilidad de los notarios y sujetos obligados, un tema que provocó preocupación en algunos sectores legislativos y profesionales. Incluso, el presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció públicamente que existen diputados que mantienen reservas sobre varios apartados técnicos de la iniciativa.
Los bloques legislativos han trabajado además en ajustes sobre la redacción de medidas cautelares, definición de delitos financieros y facultades de supervisión estatal, intentando evitar que la normativa sea percibida como una herramienta de persecución excesiva o discrecional.
En paralelo, diputados de distintas bancadas buscan consensuar un paquete final de enmiendas antes de llevar nuevamente el proyecto al pleno. Parte de esas discusiones se desarrolló en reuniones privadas de jefes de bloque, mecanismo que ha sido utilizado para evitar nuevos rompimientos de quórum como los ocurridos semanas atrás.
El presidente del Legislativo también confirmó que las reuniones entre bloques continuarán durante los próximos días para afinar acuerdos técnicos y políticos. Según explicó, el objetivo es construir una versión final que logre superar la barrera de los 107 votos, cifra necesaria para aprobar una ley de este alcance.
Aunque persisten diferencias internas, existe coincidencia entre varios bloques sobre la necesidad de actualizar la legislación vigente, especialmente por la presión internacional que enfrenta Guatemala para fortalecer controles contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, el pulso político dentro del Congreso refleja que el verdadero debate ya no es si la ley debe aprobarse, sino qué sectores asumirán el costo político y jurídico de las nuevas reglas financieras que intenta imponer el Legislativo