Bantrab reunió a autoridades, representantes del sistema financiero y especialistas nacionales e internacionales para analizar los alcances de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, en un foro orientado a fortalecer la comprensión del nuevo marco regulatorio y promover su implementación efectiva en Guatemala. El encuentro, denominado “Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado como Compromiso País”, puso énfasis en la necesidad de adaptar al país a los estándares internacionales en materia de transparencia y prevención de delitos financieros.
Durante la actividad, realizada en Ciudad Cayalá, participaron autoridades de la Superintendencia de Bancos, representantes del sector financiero y expertos internacionales, quienes coincidieron en que la aprobación del Decreto 15-2026 constituye un paso importante para modernizar el marco legal, aunque advirtieron que el verdadero desafío será su correcta aplicación y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y cumplimiento.
Uno de los participantes fue el intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, Juan Carlos Monroy, quien señaló que la entrada en vigor de la legislación representa únicamente el inicio del proceso. Según explicó, el éxito de la normativa dependerá de que las instituciones logren traducir las nuevas disposiciones en resultados concretos que permitan prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
Durante el foro también se destacó que la prevención del lavado de dinero trasciende al sector bancario y requiere la participación coordinada de entidades públicas, empresas privadas y otros actores económicos. Los expositores coincidieron en que un sistema sólido de prevención fortalece la confianza de los inversionistas, mejora el clima de negocios y contribuye a la competitividad del país, factores que cobran relevancia en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre los sistemas financieros.
Con este encuentro, Bantrab reafirmó su apuesta por promover espacios de capacitación y diálogo técnico para facilitar la adaptación a la nueva legislación. El debate también refleja que la eficacia de la ley no dependerá únicamente de su contenido, sino de la capacidad del Estado, el sistema financiero y el sector privado para aplicar de forma coordinada los nuevos estándares y fortalecer la cultura de cumplimiento en Guatemala.