La compra de 5 mil radios portátiles para la Policía Nacional Civil (PNC) por Q62.7 millones quedó bajo la lupa de la Contraloría General de Cuentas (CGC), mientras un diputado denunció un posible sobreprecio de hasta Q31 millones en la adjudicación del contrato, señalamiento que ahora forma parte de una auditoría en curso.
Las dudas surgieron durante una citación de fiscalización en el Congreso, donde el diputado José Chic cuestionó los precios pagados por el Ministerio de Gobernación (Mingob) para la adquisición del equipo de comunicación. Según explicó, un sondeo realizado por su equipo determinó que los radios adjudicados tendrían un valor de mercado considerablemente inferior al precio contratado por el Estado. De acuerdo con sus cálculos, los equipos con pantalla tendrían un precio aproximado de Q6 mil 282, mientras que los modelos sin pantalla costarían alrededor de Q5 mil 734, casi la mitad de los montos adjudicados.
La adquisición comprende 4 mil radios con pantalla, adjudicados por Q51.08 millones, y mil radios sin pantalla, por Q11.66 millones, para un total de Q62.74 millones. El contrato fue otorgado a la empresa Tactical Group, que figura entre los principales proveedores del Ministerio de Gobernación y acumula varias adjudicaciones con esa cartera durante el presente año.
Frente a los cuestionamientos, el subdirector de Tecnología de la PNC, Héctor Tale, defendió el proceso y aseguró que antes de la licitación se realizó un estudio de mercado y se solicitaron cotizaciones para definir las especificaciones técnicas. Explicó que los nuevos equipos permitirán sustituir la tecnología analógica utilizada desde 2014 por un sistema de comunicaciones digitales, además de ofrecer mayor resistencia y mejores capacidades operativas para los agentes policiales.
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas confirmó que ya realiza una auditoría sobre la compra, la cual registra un avance cercano al 40 % tras haber sido activada mediante un mecanismo de alertas tempranas. El diputado Chic adelantó que también solicitará la intervención de la Inspectoría General y de la Comisión Nacional contra la Corrupción, al considerar que corresponde determinar si existió una eventual sobrevaloración y deducir responsabilidades en caso de confirmarse irregularidades.
La controversia surge en momentos en que el Gobierno impulsa la modernización del equipamiento policial con recursos públicos y financiamiento internacional. Más allá del debate sobre la necesidad de renovar los sistemas de comunicación de la PNC, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar procesos de contratación transparentes, especialmente cuando se trata de adquisiciones millonarias destinadas al fortalecimiento de la seguridad pública. Mientras tanto, será la auditoría de la Contraloría la que determine si los señalamientos sobre un posible sobreprecio tienen fundamento o si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente.