La rutina del tránsito matutino en Salamá, Baja Verapaz, quedó interrumpida por una escena que rápidamente generó conmoción dentro y fuera del departamento. Una agente de la Policía Municipal de Tránsito fue atacada a balazos mientras regulaba la circulación vehicular en plena vía pública, un hecho que quedó registrado por cámaras y que volvió a colocar bajo discusión el nivel de violencia que enfrentan incluso funcionarios civiles en Guatemala.
El ataque ocurrió en el sector de la plazuela La Infiesta, donde la agente realizaba labores habituales de ordenamiento vial cuando un hombre armado se acercó y disparó en múltiples ocasiones antes de huir del lugar. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la víctima cae sobre la cinta asfáltica mientras conductores y peatones reaccionan con sorpresa y temor.
La agente fue identificada como Lisandra Hernández de los Santos, quien fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras el ataque armado. La comuna informó que la agente se encuentra en estado crítico y delicado, bajo vigilancia médica constante y luchando por su vida, una situación que incrementó la conmoción dentro de la población y entre trabajadores municipales de Salamá.
El hecho provocó fuerte impacto debido a que ocurrió a plena luz del día y en un área con circulación constante de personas y vehículos, un elemento que refuerza la percepción de vulnerabilidad en espacios públicos y el desafío que enfrentan las autoridades locales para contener hechos armados incluso en municipios intermedios del país.
La comuna condenó el ataque y expresó solidaridad con la agente y su familia, mientras pidió rechazar cualquier acto de violencia contra trabajadores municipales. En su pronunciamiento, recordó que los agentes de PMT “salen cada mañana a cumplir una labor necesaria para la convivencia y el respeto de las normas”, en medio de un contexto donde este tipo de funcionarios frecuentemente enfrentan tensión, agresiones verbales y conflictos con conductores.
Las autoridades iniciaron investigaciones para establecer el móvil del ataque y determinar si existía algún vínculo previo entre el agresor y la víctima. Los videos también muestran la presencia de otro hombre cerca de la escena, por lo que no se descarta la participación de más personas en el hecho armado.
Horas después del atentado, medios locales reportaron allanamientos y acciones de búsqueda relacionadas con el caso, mientras el Ministerio Público y fuerzas de seguridad intentan ubicar al responsable.
El ataque volvió a evidenciar cómo la violencia armada en Guatemala ya no se limita únicamente a estructuras criminales o disputas entre pandillas, sino que también alcanza a trabajadores públicos y autoridades municipales que desempeñan funciones cotidianas frente a la población. En departamentos fuera de la capital, donde los recursos de seguridad suelen ser más limitados, este tipo de hechos incrementa la sensación de inseguridad y preocupación ciudadana.