La violencia política volvió a golpear a México con el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca, quien fue atacado a balazos por un grupo de hombres armados cuando se encontraba en las afueras de su domicilio. El crimen ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad de autoridades locales en distintas regiones del país.
Según los primeros reportes, los agresores interceptaron al jefe edil cuando salía de su vivienda en esta localidad de la región Mixteca. Otras versiones señalan que el ataque pudo haberse producido dentro de su domicilio. Lo que sí ha sido confirmado por las autoridades es que Bravo Martínez murió a consecuencia de múltiples impactos de bala y que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una investigación por un “delito de alto impacto”.
El asesinato ha generado especial conmoción porque el alcalde había manifestado públicamente que temía por su vida. De acuerdo con dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), formación política a la que pertenecía, Bravo Martínez había solicitado protección al Gobierno estatal semanas atrás tras sufrir un asalto violento y denunciar amenazas, pero la seguridad prometida nunca llegó.
El antecedente más reciente ocurrió el 22 de mayo, cuando el alcalde y varios de sus colaboradores fueron interceptados por hombres armados en la carretera Acatlán-Oaxaca. Según denunció posteriormente, fue golpeado y despojado de sus pertenencias durante el ataque. A partir de ese episodio expresó preocupación por su seguridad y buscó respaldo de las autoridades estatales.
La muerte de Bravo Martínez vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de alcaldes, candidatos y funcionarios municipales en México, un fenómeno que se ha intensificado en regiones donde operan grupos del narcotráfico y organizaciones criminales. De acuerdo con medios mexicanos, este es el segundo atentado contra una autoridad municipal registrado en Oaxaca en menos de una semana.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato y aseguró que el crimen no quedará impune. Mientras tanto, fuerzas estatales, federales y militares fueron desplegadas en la zona para apoyar las investigaciones y tratar de localizar a los responsables. La Fiscalía informó que se reforzó la presencia de seguridad en la región y que se mantienen operativos para cerrar posibles rutas de escape.
El crimen ocurre además en momentos en que México se encuentra bajo la atención internacional por ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la persistencia de asesinatos contra autoridades locales refleja una realidad paralela marcada por la violencia criminal y los desafíos que enfrentan numerosas comunidades fuera de los focos mediáticos internacionales.