El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 18-2026, que reforma la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), después de varias semanas de incertidumbre, análisis y señales de que el Ejecutivo mantenía reservas sobre su contenido. La normativa fue publicada este viernes 28 de agosto en el Diario de Centro América, con lo cual quedó descartado un eventual veto presidencial.
La decisión llega después de un prolongado silencio oficial. Arévalo había reconocido que evaluaba la reforma desde sus dimensiones técnica y política, e incluso cuestionó públicamente si respondía a una necesidad legítima de la población o a una estrategia electoral. El decreto fue aprobado por el Congreso el 29 de julio con 120 votos favorables y recibido por el despacho presidencial el 7 de agosto.
La reforma establece una tasa de cero por millar para los inmuebles destinados a vivienda residencial o de uso mixto. Para las propiedades comerciales y otros usos, fija una escala de tres por millar cuando el valor registrado no supera los Q500 mil, seis por millar entre Q500 mil y Q1 millón, y nueve por millar para aquellos bienes valorados por encima de Q1 millón.
Las municipalidades tampoco podrán condicionar servicios como agua potable, recolección de basura, alumbrado público u ornato al pago previo del IUSI. El cobro deberá realizarse mediante los procedimientos propios del impuesto y los funcionarios que incumplan esta disposición podrán enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Los cambios relacionados con el IUSI entrarán en vigor 90 días después de su publicación.
La normativa también modifica disposiciones tributarias vinculadas con las transferencias de propiedades para trasladar a las municipalidades recursos provenientes del impuesto de timbres que grava las segundas y posteriores ventas de inmuebles. Este mecanismo busca compensar parcialmente la reducción de ingresos municipales, uno de los principales reparos planteados por el Ministerio de Finanzas y la Asociación Nacional de Municipalidades durante la discusión legislativa.
La sanción permite al mandatario evitar el costo político de vetar una reforma presentada por los diputados como un alivio para los propietarios de viviendas. Sin embargo, la firma presidencial no elimina los cuestionamientos técnicos: especialistas advirtieron sobre enmiendas introducidas a última hora, posibles ambigüedades en la clasificación de los inmuebles y la ausencia de cálculos públicos suficientemente detallados sobre el impacto en las finanzas municipales.
Arévalo resolvió así una decisión que mantuvo abierta hasta los últimos días, pese a haber expresado dudas sobre las motivaciones y la calidad de la reforma. La aplicación prevista para finales de noviembre será la prueba decisiva: las autoridades deberán aclarar cómo se clasificará cada propiedad, cuánto dejarán de recaudar los municipios y si las fuentes compensatorias serán suficientes para evitar recortes en obras y servicios públicos.