El presidente Bernardo Arévalo retomó este lunes 10 de agosto su agenda pública con un discurso cargado de advertencias sobre varios de los frentes que marcarán el cierre de su mandato. Cuestionó al Congreso por programar 28 interpelaciones contra 12 de sus 14 ministros, marcó límites a Estados Unidos ante los mecanismos de cobro a migrantes guatemaltecos y alertó sobre el populismo y la penetración del narcotráfico de cara a las elecciones de 2027. Su regreso a La Ronda se produjo después de varios días de recuperación por una infección gastrointestinal, una circunstancia que quedó rápidamente desplazada por el contenido político de su comparecencia.
El señalamiento más directo estuvo dirigido al Congreso. Arévalo reconoció que la interpelación constituye una facultad constitucional de los diputados y aseguró que sus ministros acudirán a rendir cuentas, pero acusó al Legislativo de abusar del mecanismo hasta convertirlo en una forma de “extorsión” contra la capacidad de trabajo del Ejecutivo. El calendario alcanza a prácticamente todo el gabinete y se extenderá entre finales de agosto y octubre, mientras los ministros sometidos a esos procesos enfrentan restricciones para salir del país. Al menos 13 de las 28 solicitudes fueron promovidas por la diputada de la UNE Teresita de León, hija de Sandra Torres.
El mandatario advirtió que las consecuencias pueden superar la disputa entre Ejecutivo y Legislativo y afectar la representación internacional del país. Puso como ejemplo una eventual nueva ronda de negociaciones económicas con Estados Unidos por los aranceles o reuniones diplomáticas de alto nivel en las que Guatemala podría quedar limitada por la imposibilidad de enviar a determinados ministros. La Procuraduría General de la Nación acudió a la Corte de Constitucionalidad para solicitar que las interpelaciones sean ordenadas de forma que no mantengan inmovilizados a los funcionarios, mientras Arévalo aseguró que su Gobierno continuará trabajando pese a lo que considera un intento de obstaculizarlo.
La relación con Washington ocupó otro espacio relevante. Arévalo reaccionó a la convocatoria de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para contratar una empresa que pueda localizar en Guatemala a migrantes retornados con multas pendientes y gestionar su cobro. El presidente reconoció la potestad estadounidense para imponer sanciones conforme a sus leyes, pero dejó establecido que cualquier contratista que actúe en territorio guatemalteco deberá hacerlo dentro de la legislación nacional. El Ejecutivo también mantendrá vigilancia sobre posibles abusos contra connacionales ante el endurecimiento de las medidas migratorias estadounidenses.
Arévalo trasladó posteriormente la discusión hacia las elecciones generales de 2027 y señaló al populismo y la narcopolítica como amenazas para el próximo proceso electoral. Advirtió que las propuestas de soluciones simples para problemas complejos pueden debilitar la capacidad del Estado y sostuvo que las estructuras del narcotráfico buscarán ampliar su influencia mediante alcaldías, diputaciones y otros espacios de poder. El mandatario llamó a observar no solo las promesas de los futuros candidatos, sino también el origen de su financiamiento y los intereses que puedan encontrarse detrás de sus campañas.
La reaparición presidencial dejó así una fotografía de creciente tensión política cuando Guatemala comienza a aproximarse al ciclo electoral. Arévalo abrió simultáneamente tres frentes: acusó al Congreso de intentar inmovilizar a su Gobierno, estableció límites frente a las actuaciones estadounidenses en materia migratoria y anticipó una batalla política contra el populismo y la influencia del narcotráfico en 2027. El tono muestra a un Ejecutivo dispuesto a endurecer su discurso en la recta final del mandato, aunque el desafío será trasladar esas advertencias a resultados institucionales sin convertir las diferencias entre poderes en una confrontación que termine afectando la capacidad del Estado para gobernar.