Hay diagnósticos que, por certeros que sean, llegan con un problema de calendario. Cuando Bernardo Arévalo advierte que la narcopolítica y el populismo amenazan la democracia guatemalteca rumbo a 2027, no descubre una enfermedad desconocida. Pone nombre, desde la Presidencia y después de más de dos años y medio de gobierno, a una realidad que Guatemala conoce desde hace décadas: la convivencia entre dinero ilícito, poder territorial, estructuras partidarias y ambiciones electorales. Si llegó al poder prometiendo combatir precisamente ese entramado y hoy sostiene que continúa amenazando al país, la advertencia también obliga a examinar lo ocurrido durante su Gobierno.
Cuando advertir ya no es suficiente
Arévalo acierta al señalar que los períodos electorales multiplican el riesgo: las campañas necesitan dinero, la propaganda cuesta y la búsqueda de recursos puede abrir espacios para capitales provenientes de la corrupción y del crimen organizado. Habla incluso de una antigua “alianza criminal política” presente desde los gobiernos municipales hasta el Congreso. La afirmación sería una severa radiografía del país si procediera de un analista; pronunciada por el presidente de la República adquiere otro significado. Si después de más de media administración esa alianza conserva dinero, territorio y capacidad para condicionar las elecciones de 2027, Arévalo describe una amenaza heredada, pero también una estructura que su Gobierno no consiguió desarticular.
Resulta por ello llamativo que el mandatario reclame vigilancia ciudadana, investigación periodística y actuación del Ministerio Público para descubrir esas conexiones. Todo ello es indispensable, pero existe una responsabilidad difícil de tercerizar: gobernar. La prensa investiga, los ciudadanos denuncian y la justicia persigue delitos; el Ejecutivo fue elegido con la promesa de transformar las condiciones que permitieron la captura del Estado. Advertir ahora que esas mismas estructuras pueden proyectarse sobre la próxima elección convierte el discurso presidencial, quizá involuntariamente, en un balance de aquello que tampoco pudo cambiar.
Una alianza sin nombres
Hay otra debilidad en el planteamiento presidencial. Arévalo habla de alcaldes, diputados, financistas y estructuras territoriales, pero evita identificarlos. El retrato tiene contornos bastante definidos; curiosamente, carece de rostros. Si existen elementos suficientes para advertir públicamente sobre una “alianza criminal política”, Guatemala merece conocer los casos que sustentan semejante afirmación. De lo contrario, queda una fórmula políticamente confortable: denunciar con contundencia un sistema entero sin asumir el costo de poner nombres sobre la mesa.
Ejemplos para formular preguntas no faltan. Luis Fernando Aguirre, secretario general de Cabal y diputado de esa agrupación, rindió desde el Congreso un reconocimiento a José Manuel López Morales, “Che Manuel”, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. También han sido documentadas sus relaciones políticas con Esduin Javier Javier, “Tres Kiebres”, figura de Chiquimula rodeada durante años de señalamientos e investigaciones sobre supuestos vínculos con estructuras del narcotráfico. Son antecedentes que cobran especial relevancia cuando el propio presidente pide observar dónde se cruzan poder político, territorio e intereses criminales. La narcopolítica, después de todo, rara vez comienza con una sentencia; para entonces suele llevar bastante tiempo haciendo política.
Y si Aguirre dirige Cabal, la mirada conduce naturalmente hacia el hombre que esa estructura pretende llevar a la Presidencia: Roberto Arzú García-Granados. Arzú busca regresar a la contienda en 2027 presentándose como adversario de la “vieja política”, mientras hacia Cabal migran diputados y alcaldes procedentes de Vamos, UNE, UCN y otras organizaciones perfectamente conocidas por el sistema que promete renovar. La paradoja merece cierta contemplación: en Guatemala, al parecer, la vieja política rejuvenece con extraordinaria facilidad cuando cambia de camiseta.
Más incómodo resulta el antecedente de Francisco Edgar Domínguez Higueros, “Paco”, señalado por las autoridades como dirigente de Los Caradura. En 2025 salió a la luz una conversación entre ambos cuya autenticidad Arzú reconoció, aunque explicó que estaba relacionada con negocios de publicidad y aseguró desconocer los presuntos vínculos criminales atribuidos a Domínguez Higueros. Si Arévalo advierte precisamente sobre la capacidad de estructuras ilícitas para aproximarse a candidatos y partidos, el episodio conduce a las preguntas que deberían acompañar a cualquier aspirante presidencial: quiénes lo rodean, qué intereses convergen alrededor de su candidatura y, sobre todo, de dónde saldrá el dinero para financiarla.
El dinero, cuando está más cerca
Y es precisamente ahí donde la advertencia presidencial encuentra un espejo bastante más próximo. Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil, expresidente y actual vicepresidente del Congreso por Azul, ha sido una figura relevante en los acuerdos que permitieron al oficialismo obtener importantes victorias legislativas, pero también es uno de los nombres que se mueve con mayor intensidad hacia 2027. Amplía estructura territorial, busca apoyos y mantiene una presencia particularmente activa en redes sociales cuando la campaña ni siquiera ha comenzado formalmente. Mientras Arévalo advierte sobre políticos obligados a conseguir cada vez más recursos para posicionarse electoralmente, uno de sus principales aliados parlamentarios construye ya una plataforma con inocultable vocación presidencial.
Bajo esa misma lógica adquiere relevancia Pedro Alejandro Duque Soto, empresario ligado a proceso por el presunto fraude multimillonario contra el Crédito Hipotecario Nacional y cuya cercanía con Ramos ha sido documentada. Duque tuvo un papel financiero relacionado con Azul, frecuentaba el despacho del entonces presidente del Congreso y organizó incluso una celebración por su cumpleaños. Si el riesgo que Arévalo identifica para 2027 comienza precisamente en la búsqueda de recursos para financiar estructuras, propaganda y posicionamiento político, resulta razonable preguntar quién sostiene económicamente a quienes ya se preparan para competir y qué relaciones se construyen alrededor de ese apoyo.
En ese contexto cobra significado otro episodio: durante su presidencia del Congreso, Ramos utilizó durante meses una Chevrolet Tahoe blindada propiedad de Duque. El vehículo importa menos que lo que representa. El apoyo político no siempre llega mediante una transferencia identificada como aporte de campaña; puede materializarse también en bienes, servicios, logística, favores y relaciones con valor económico. Esa es precisamente la zona que Arévalo invita ahora a vigilar. El criterio tendrá que valer tanto para quienes aspiran a derrotar al oficialismo como para quienes le han proporcionado gobernabilidad: el origen de los recursos no cambia de naturaleza según el sentido del voto en el Congreso.
El populismo de los otros
Arévalo incorpora además el populismo entre las amenazas rumbo a 2027 y lo vincula con la polarización y las propuestas concebidas para producir rentabilidad electoral inmediata. También aquí pisa terreno razonable, aunque resbaladizo. La próxima campaña estará cargada de promesas de seguridad, reducciones fiscales y soluciones espectaculares; Arzú ya construye parte de su narrativa sobre la mano dura. Pero sería ingenuo imaginar que el populismo tiene domicilio partidario. Los gobiernos también conocen las virtudes electorales de subsidios, transferencias, exoneraciones y beneficios sectoriales cuando el calendario empieza a aproximarse a las urnas.
La diferencia entre política pública y populismo no depende de quién firma el decreto, sino de su propósito, sostenibilidad y oportunidad. Si Arévalo quiere convertir “populismo” y “narcopolítica” en categorías centrales del debate de 2027, tendrá que aplicarlas con idéntica severidad hacia afuera y hacia adentro. Las doctrinas democráticas pierden bastante de su solemnidad cuando solo sirven para examinar al adversario.
El diagnóstico que también juzga al Gobierno
Arévalo tiene razón en algo esencial: el narcotráfico no necesita ocupar personalmente una curul si puede financiar a quien terminará ocupándola. Precisamente por eso las preguntas hacia su administración son inevitables: ¿qué puertas consiguió cerrar?, ¿qué mecanismos existen hoy que no existían en enero de 2024 para detectar capital ilícito antes de que llegue a una campaña?, ¿qué estructuras fueron realmente debilitadas? Y si el presidente dispone de información sobre alcaldes, diputados y operadores pertenecientes a esa “alianza criminal política”, queda una pregunta todavía más elemental: ¿quiénes son?
Guatemala no necesita que en 2026 le expliquen que existe narcopolítica. Esa lección la conoce demasiado bien. Necesita saber quién aporta el dinero, quién abre las puertas, quién presta las estructuras partidarias, quién obtiene beneficios después y qué está haciendo el Estado para impedir que ese circuito vuelva a financiar una elección. El desafío no consiste en describir nuevamente un sistema cuya existencia lleva años documentándose, sino en demostrar que desde el poder se hizo algo capaz de modificarlo.
Arévalo llegó a la Presidencia como expresión del rechazo a un Estado capturado y con la promesa de cambiar las reglas que permitieron esa captura. Dos años y medio después, advierte que las mismas redes pueden condicionar al país que elegirá a su sucesor. Quizá esa sea la parte más incómoda de sus declaraciones: mientras pretende advertir a Guatemala sobre el peligro que viene, termina ofreciendo también un balance involuntario de los límites de su propio Gobierno.