El presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala ha recibido durante 2026 a 2 mil 284 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, una operación que, según explicó, forma parte de un mecanismo de tránsito acordado con Washington y no implica que esas personas permanezcan en territorio guatemalteco. Los mexicanos llegan en vuelos que también transportan a guatemaltecos retornados y posteriormente son trasladados por vía terrestre hacia la frontera con México, con una permanencia en el país inferior a 24 horas.
La aclaración del mandatario introduce un elemento adicional al creciente movimiento de retornados que afronta Guatemala. Entre enero y el 13 de agosto, 42 mil 324 guatemaltecos fueron retornados desde Estados Unidos y México, alrededor de 35% más que los 31 mil 309 registrados en un periodo comparable de 2025. A ese flujo de nacionales se suma ahora el tránsito documentado de ciudadanos mexicanos enviados inicialmente a Guatemala, una práctica que refleja la ampliación de los mecanismos utilizados por Washington para ejecutar su política migratoria y distribuir parte de la logística de las deportaciones entre países aliados de la región.
Arévalo rechazó, sin embargo, que el mecanismo convierta a Guatemala en un “tercer país seguro”, figura que supondría responsabilidades considerablemente distintas, particularmente en materia de recepción y eventual protección de migrantes o solicitantes de asilo. El presidente sostuvo que los ciudadanos mexicanos no son recibidos para establecerse ni para solicitar protección en Guatemala, sino exclusivamente como pasajeros en tránsito hacia su país de origen. La distinción resulta relevante por el antecedente de 2019, cuando el gobierno de Jimmy Morales alcanzó con la primera administración de Donald Trump un acuerdo que buscaba trasladar a Guatemala determinadas solicitudes de asilo de migrantes que pretendían ingresar a Estados Unidos.
La explicación también permite precisar el alcance del entendimiento migratorio anunciado después de la visita del entonces secretario de Estado Marco Rubio a Guatemala en febrero de 2025. En aquel momento, el Gobierno aceptó incrementar en 40% la capacidad para recibir vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos e incluir a ciudadanos de otras nacionalidades, bajo el compromiso de facilitar posteriormente su traslado a los respectivos países de origen. Aunque algunas informaciones describieron entonces el arreglo como una modalidad de “tercer país seguro”, la administración de Arévalo insiste en diferenciarlo jurídicamente de aquella figura y definirlo como un mecanismo temporal de tránsito.
El volumen de ciudadanos mexicanos trasladados a través de Guatemala muestra que el acuerdo ya tiene una aplicación concreta y de dimensiones relevantes. La permanencia inferior a un día reduce las implicaciones asociadas con una recepción prolongada, pero no elimina la necesidad de transparencia sobre los costos, procedimientos, controles migratorios y responsabilidades asumidas por el Estado. En un año marcado además por el fuerte aumento de guatemaltecos retornados, la cuestión no reside únicamente en cómo denomina el Gobierno este mecanismo, sino en hasta dónde llegará el papel de Guatemala dentro de la estrategia de deportaciones de Estados Unidos y qué compromisos concretos ha asumido para sostenerlo.