El presidente Bernardo Arévalo expresó su “repudio absoluto” a las amenazas denunciadas contra Rodrigo Arenas, presidente editor del medio República, quien asegura que existe un plan para atentar contra su vida y la de integrantes de su equipo editorial a raíz de investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras del narcotráfico. El mandatario confirmó además que el Ministerio de Gobernación estableció contacto con Arenas para ofrecerle apoyo y adoptar las medidas de seguridad que correspondan.
“Sobre las amenazas a Rodrigo Arenas, la posición del Gobierno es del repudio absoluto a cualquier amenaza contra cualquier periodista”, afirmó Arévalo, quien extendió el rechazo a cualquier intimidación originada por información publicada en un medio. La vicepresidenta Karin Herrera también se pronunció en respaldo de la libertad de expresión y sostuvo que las amenazas contra periodistas deben ser investigadas, en un contexto en el que las denuncias han generado reacciones de organizaciones de prensa, sectores empresariales y representantes internacionales.
El caso comenzó a adquirir dimensión pública el 13 de agosto, cuando Arenas denunció que había recibido información sobre un supuesto plan para asesinarlo a él y atacar a miembros de República, que vinculó con las publicaciones del medio sobre narcotráfico y política. Posteriormente, República señaló directamente al político Roberto Arzú García-Granados y a otros actores políticos como presuntos participantes en la planificación. Los señalados han rechazado las acusaciones y anunciado acciones legales contra Arenas y el medio, mientras Arzú presentó una querella y exigió que el director de República aporte ante los tribunales las pruebas que sustenten sus señalamientos.
La gravedad de la denuncia ha provocado llamados para que las acusaciones sean esclarecidas institucionalmente y no mediante una confrontación pública entre las partes. La Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Asociación de Periodistas de Guatemala y organizaciones empresariales han expresado preocupación, mientras la Embajada de Estados Unidos difundió un mensaje de “cero tolerancia” frente a los narcotraficantes después de conocerse el caso. El Ministerio Público mantiene una investigación, mientras las autoridades deberán establecer tanto la existencia y procedencia de las amenazas como la responsabilidad de quienes eventualmente estén detrás de ellas.
La posición de Arévalo coloca al Ejecutivo del lado de la protección del ejercicio periodístico, pero el verdadero alcance de esa postura dependerá de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los amenazados y esclarecer los hechos. El caso contiene acusaciones de extrema gravedad que todavía deben probarse y, precisamente por ello, exige una investigación independiente que determine si existe una estructura criminal detrás de las amenazas sin convertir señalamientos públicos en culpabilidades anticipadas. En un escenario político que comienza a mirar hacia las elecciones de 2027 y donde la penetración del narcotráfico en las instituciones vuelve a ocupar el debate nacional, proteger a quienes investigan esos vínculos y esclarecer las denuncias constituye una prueba directa para las instituciones guatemaltecas.