Arévalo concluye entrevistas y se acerca a decisión del fiscal general

El proceso para elegir al nuevo fiscal general de Guatemala entra en su fase decisiva este jueves, cuando el presidente Bernardo Arévalo concluye las entrevistas a los aspirantes, paso previo a la designación del jefe del Ministerio Público (MP) para el próximo período.

Durante esta semana, el mandatario sostuvo encuentros individuales con los seis candidatos incluidos en la nómina final, en los que evaluó trayectoria, propuestas y visión institucional, en un proceso clave para definir el rumbo del sistema de justicia.

Entre los perfiles en consideración destacan Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio, quienes forman parte de una lista enviada por la Comisión de Postulación tras un proceso que estuvo marcado por revisiones y ajustes.

Sin embargo, el contenido de la nómina ha sido objeto de cuestionamientos. Diversos análisis coinciden en que se trata de una lista desbalanceada y con márgenes limitados para un cambio profundo en el Ministerio Público, lo que reduce el espacio del Ejecutivo para impulsar una transformación estructural.

El proceso también ha generado debate por la decisión de mantener bajo reserva ciertos aspectos de la evaluación, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la transparencia y ha reavivado comparaciones con prácticas de procesos anteriores.

A esto se suma el contexto jurídico complejo que ha rodeado la selección, con resoluciones que obligaron a recalificar expedientes y ajustar criterios, evidenciando las tensiones internas dentro del sistema de justicia.

Con las entrevistas concluidas, el presidente deberá tomar una decisión en los próximos días, en una de las definiciones más relevantes de su administración. El próximo 17 de mayo de 2026 es la fecha clave en la que el nuevo fiscal general deberá asumir el cargo, lo que imprime presión al calendario político e institucional.

La elección marcará no solo la conducción del Ministerio Público para el período 2026-2030, sino también la capacidad del gobierno de traducir su discurso de cambio en una decisión concreta dentro de un proceso cuestionado desde su origen.

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