El presidente Bernardo Arévalo aseguró este lunes durante la tradicional conferencia semanal de Gobierno que Guatemala atraviesa “la última semana” de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y también “la última semana de la perversión de la justicia”.
El mandatario afirmó que a partir del 17 de mayo el país entrará en una nueva etapa dentro del sistema de justicia con la llegada de Gabriel García Luna a la Fiscalía General, una etapa que —según dijo— deberá caracterizarse por una persecución penal “objetiva, efectiva e implacable contra la impunidad y la corrupción”, pero que deje de ser utilizada como una herramienta de persecución política.
“Será una justicia para el bien de los guatemaltecos”, sostuvo Arévalo, quien desde el inicio de su administración ha mantenido una confrontación abierta con el Ministerio Público y particularmente con la gestión de Porras.
Las declaraciones representan hasta ahora uno de los posicionamientos más contundentes del presidente respecto al futuro inmediato de la Fiscalía General, especialmente porque ocurren en un momento donde la designación del nuevo jefe del Ministerio Público ha entrado en una fase decisiva dentro de la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad conocerá este martes múltiples amparos relacionados con la designación de Gabriel García Luna, en un escenario que mantiene elevada la tensión jurídica y política alrededor del proceso. Distintos análisis señalan además que el debate ocurre en medio de tensiones internas dentro de la nueva integración del máximo tribunal constitucional sobre el abordaje de los expedientes vinculados con la Fiscalía General.
Durante la conferencia, Arévalo también minimizó el impacto de las acciones legales presentadas contra el proceso de elección del nuevo fiscal general y aseguró que no espera “ninguna sorpresa” en los recursos que conocerá la Corte de Constitucionalidad. Según afirmó, los amparos probablemente “seguirán la misma suerte” que otras acciones planteadas anteriormente y que no prosperaron ante el máximo tribunal constitucional.
Arévalo también defendió las reformas que el oficialismo impulsó anteriormente alrededor de la Ley Orgánica del Ministerio Público y aseguró que su postura sobre ese tema “no ha cambiado”. Según afirmó, las modificaciones aprobadas en 2016 introdujeron “un error fundamental” al impedir que el presidente pueda remover al fiscal general, por lo que considera necesario restablecer el sentido original de la normativa.
El mandatario hizo referencia al debate que comenzó a surgir nuevamente dentro del Congreso de la República de Guatemala alrededor de posibles cambios a la Ley Orgánica del MP, especialmente después de que algunos diputados retomaran discusiones sobre reformas relacionadas con las condiciones del mandato del fiscal general.
Según explicó Arévalo, cuando el oficialismo llegó al poder impulsó una propuesta orientada precisamente a corregir las modificaciones realizadas en 2016, aunque esa iniciativa no logró avanzar políticamente en aquel momento.
“No entiendo muy bien qué cambió en algunos diputados, que ahora encontraron la motivación, las razones o las excusas”, señaló el mandatario, antes de añadir que “la posición no ha cambiado” y que la pregunta debería dirigirse a quienes anteriormente no respaldaron esas reformas y ahora sí consideran posible discutirlas.
Arévalo añadió además que, si el Congreso hubiera tomado anteriormente la decisión que ahora algunos diputados comienzan a debatir, “le hubieran ahorrado al pueblo de Guatemala dos años de Consuelo Porras”.
La discusión alrededor de eventuales reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público se convirtió en uno de los principales focos de tensión política e institucional en Guatemala, particularmente por el debate sobre si el presidente debería recuperar facultades para remover al fiscal general bajo determinadas circunstancias.
La transición prevista para el 17 de mayo también comenzó a generar pronunciamientos internacionales. La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala pidió recientemente que el relevo en el Ministerio Público se realice de forma “ordenada, pacífica y respetuosa” de la autonomía institucional, al tiempo que señaló la importancia de recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Las declaraciones de este lunes elevan nuevamente la tensión alrededor de la transición prevista para el 17 de mayo y anticipan una semana marcada por disputas legales, presiones políticas y una creciente expectativa sobre el futuro inmediato del sistema de justicia guatemalteco.