La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) rechazó las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) aprobadas por el Congreso, al advertir que la eliminación del gravamen para las viviendas reducirá significativamente los ingresos propios de las comunas y pondrá en riesgo la ejecución de obras y la prestación de servicios básicos en todo el país.
El pronunciamiento surge un día después de que el Congreso aprobara el Decreto 18-2026, durante una sesión extraordinaria en la que también se discutieron medidas relacionadas con el subsidio a los combustibles y el impuesto de circulación. La normativa elimina el pago del IUSI para los inmuebles destinados a vivienda y mantiene el tributo para las propiedades de uso comercial mediante una tarifa escalonada del 3 al 9 por millar, según el valor del inmueble. Para la ANAM, el problema no radica únicamente en el nuevo esquema tributario, sino en que no se estableció un mecanismo que compense la reducción de recursos que dejarán de percibir las municipalidades.
El presidente de la ANAM, Sebastián Siero, sostuvo que el IUSI constituye una de las principales fuentes de ingresos propios de los gobiernos locales y recordó que esos recursos financian proyectos de infraestructura, mantenimiento vial, alumbrado público, agua potable, drenajes y otros servicios municipales. A su juicio, la reforma fue aprobada sin consultar a las autoridades locales, pese al impacto directo que tendrá sobre las finanzas de las comunas.
Durante el debate legislativo, los diputados que respaldaron la reforma argumentaron que la eliminación del impuesto para las viviendas representa un alivio económico para las familias y que el nuevo esquema concentra la carga tributaria en los inmuebles con fines comerciales. La ANAM, por el contrario, sostiene que esa diferenciación no resuelve el problema de fondo, ya que la disminución de ingresos municipales no fue acompañada de una fuente alternativa de financiamiento que garantice la continuidad de los servicios públicos.
El pronunciamiento de los alcaldes añade un nuevo capítulo al debate generado por la reforma. Mientras el Congreso defendió la medida como un beneficio para los propietarios de vivienda, las municipalidades advierten que el verdadero impacto podría reflejarse en una menor capacidad para ejecutar proyectos y mantener servicios esenciales, reabriendo la discusión sobre cómo equilibrar el alivio tributario con la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales.