El jefe de la bancada Cabal y secretario general de esa organización, Luis Aguirre, elevó el tono contra el presidente Bernardo Arévalo a través de sus redes sociales, al advertir que el mandatario podría incurrir en delito si no declara lesivo el cuestionado proceso de adjudicación de frecuencias de la banda de 700 MHz realizado en 2023. El diputado sostuvo que Arévalo ya está informado de los señalamientos y aseguró que, si no actúa, el Ministerio Público tendría que proceder de oficio, una afirmación que incrementa la presión sobre el Ejecutivo cuando queda poco más de un mes para que venza el plazo señalado por Cabal.
Las declaraciones dan continuidad a una ofensiva de fiscalización que Aguirre y su bancada mantienen desde hace semanas alrededor de la adjudicación de 60 MHz de espectro radioeléctrico, distribuidos en seis bloques de 10 MHz por un monto total de Q1 mil 006 millones. Durante las citaciones promovidas por Cabal, el superintendente de Telecomunicaciones, Herber Rubio, informó que no ha sido localizado el estudio técnico que habría servido para determinar el precio base de la subasta. El valor de referencia se estableció en Q335.3 millones por bloque y los diputados cuestionan si el Estado recibió una compensación acorde con el valor de un recurso estratégico para el desarrollo de las telecomunicaciones.
Aguirre sostiene además que la participación de únicamente dos operadores limitó la competencia y ha planteado que el Estado pudo dejar de percibir alrededor de Q1 mil 600 millones, según las estimaciones presentadas por su bancada. Cabal ya anunció una denuncia penal contra el exsuperintendente de Telecomunicaciones Marco Antonio Baten Ruiz por posibles irregularidades relacionadas con el proceso. La adjudicación ocurrió el 12 de septiembre de 2023, durante la administración de Alejandro Giammattei, por lo que los cuestionamientos originales recaen sobre decisiones del Gobierno anterior y no sobre la administración de Arévalo.
La ofensiva de Aguirre subió ahora de tono en redes sociales al trasladar directamente hacia Arévalo la responsabilidad por lo que ocurra con el expediente. Cabal sostiene que el plazo de tres años para promover una declaratoria de lesividad vence el próximo 12 de septiembre y reclama que el caso sea conocido por el Consejo de Ministros antes de esa fecha. El diputado anunció además que este martes su bancada celebrará una nueva reunión para conocer los avances y determinar los siguientes pasos, mientras mantiene públicamente la presión para que el mandatario intervenga antes de que se cierre la posibilidad de cuestionar el acto administrativo por esa vía.
El señalamiento de que Arévalo podría cometer un delito requiere, sin embargo, cautela. Hasta ahora no existe una resolución judicial ni un pronunciamiento conocido del Ministerio Público que establezca que la falta de una declaratoria de lesividad constituiría automáticamente una conducta delictiva. Esa es, por el momento, la interpretación planteada por Aguirre. Tampoco existe una resolución definitiva que haya declarado ilegal o corrupta la adjudicación de 2023, aunque la ausencia del estudio técnico denunciada durante las fiscalizaciones mantiene abiertos cuestionamientos sobre la forma en que se estableció el valor del espectro.
El nuevo ataque profundiza además la dimensión política que ha adquirido el caso. Aguirre ha convertido las citaciones, fiscalizaciones y denuncias en una de las principales plataformas públicas de Cabal, en momentos en que los partidos comienzan a posicionarse de cara a las elecciones de 2027. La controversia de las frecuencias le permite mantener el foco sobre transparencia, recursos públicos y decisiones multimillonarias heredadas de la administración anterior, pero ahora introduce un elemento adicional al colocar personalmente a Arévalo frente a una fecha límite y anticipar posibles consecuencias penales si no actúa.
Arévalo queda así ante una decisión políticamente incómoda sobre un problema que no se originó durante su Gobierno. Si permite que llegue el 12 de septiembre sin impulsar la lesividad, Cabal previsiblemente utilizará la inacción para aumentar sus señalamientos contra el Ejecutivo; si decide promoverla, abrirá una disputa jurídica y económica alrededor de una adjudicación ya ejecutada y vinculada al desarrollo de la tecnología 5G. Aguirre consigue, en ambos escenarios, trasladar al actual presidente parte del costo político de una controversia nacida durante el Gobierno de Giammattei y mantener a Cabal en el centro de un debate que combina fiscalización, recursos públicos y posicionamiento electoral.