A un mes de haber asumido la jefatura del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna continúa sin completar la integración de su equipo de trabajo, mientras dentro de la institución comienzan a surgir cuestionamientos por la falta de comunicación oficial sobre varios de los cambios realizados en la estructura administrativa y fiscal.
Según confirmó el propio MP, la institución atraviesa un proceso de reestructuración que aún mantiene pendientes diversos nombramientos en fiscalías, secretarías y dependencias administrativas. La oficina de Comunicación Social indicó que no ha podido proporcionar información completa sobre algunos cargos debido a que varios cambios continúan en proceso de formalización y validación interna.
Hasta ahora han sido confirmados algunos funcionarios clave dentro de la nueva administración, entre ellos Esvin Santiago Chavajay como secretario general, Salvador Alberto Guzmán Cermeño en la Secretaría de Política Criminal, Shirley García Ovalle en Asuntos Internacionales y Cooperación, José Raúl López Lamadrid como coordinador nacional y Rony López Galindo en la Secretaría de Asuntos Informáticos. Sin embargo, otras dependencias estratégicas siguen sin una definición pública sobre sus titulares.
Las dudas no provienen únicamente del exterior. De acuerdo con fiscales de sección y fiscales regionales consultados por Prensa Libre bajo condición de anonimato, la nueva administración no ha comunicado formalmente varios de los cambios efectuados en la cadena de mando, situación que ha generado incertidumbre dentro de la institución. Los entrevistados señalaron que en administraciones anteriores era habitual que los nombramientos fueran notificados mediante circulares u oficios internos para facilitar la coordinación y el cumplimiento de la estructura jerárquica establecida en la Ley Orgánica del MP.
Algunos fiscales también cuestionaron determinados movimientos de personal efectuados durante las últimas semanas y señalaron que varios traslados se habrían realizado sin evaluaciones técnicas previas sobre competencias y capacidades. Estas observaciones coinciden con los desafíos que enfrenta García Luna desde su llegada al cargo, marcada por la expectativa de impulsar una profunda reorganización institucional tras la salida de la exfiscal general Consuelo Porras.
La situación refleja uno de los principales retos de la nueva gestión: transformar la estructura interna del Ministerio Público sin afectar la coordinación operativa de una institución clave para el sistema de justicia. Aunque el proceso de reestructuración apenas cumple su primer mes, la falta de definiciones en algunos puestos estratégicos y las críticas sobre la comunicación interna comienzan a convertirse en una de las primeras pruebas para la administración de García Luna.