El Ministerio Público (MP) busca investigar al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, funcionario del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, por un supuesto ofrecimiento de dinero a diputados para asegurar votos a favor de una ampliación presupuestaria en el Congreso.
La investigación, impulsada por la Fiscalía contra la Corrupción, pretende establecer si existieron negociaciones indebidas con legisladores a cambio de apoyo político, lo que podría constituir delitos como cohecho activo o abuso de autoridad. Como parte de las diligencias, fiscales realizaron acciones para recabar información en el Ministerio de Finanzas y revisar documentación relacionada con el proceso legislativo.
El caso surge luego de señalamientos que apuntan a un presunto ofrecimiento de recursos o beneficios a diputados para respaldar la ampliación del presupuesto, una acusación que ha sido rechazada por el Ejecutivo. Desde el Gobierno han asegurado que no hubo compra de voluntades en el Congreso y han cuestionado el procedimiento del MP.
El ministro Menkos, economista y exdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), forma parte del gabinete del actual gobierno de Arévalo, que llegó al poder con un discurso centrado en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
La investigación se produce en un contexto político tenso, marcado por choques institucionales entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, institución encabezada por la fiscal general Consuelo Porras, que ha sido objeto de críticas por parte del oficialismo y de organizaciones internacionales.
Más allá de la disputa política, el caso también pone de relieve las dificultades que enfrenta el gobierno para impulsar su agenda anticorrupción, incluso dentro de sus propias filas. Analistas señalan que la apertura de investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo puede convertirse en una prueba para el discurso de integridad del gobierno, que ha prometido tolerancia cero frente a posibles irregularidades en la administración pública.
Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa preliminar y, debido a que el ministro cuenta con derecho de antejuicio, cualquier avance judicial requerirá que se sigan los procedimientos legales correspondientes para determinar si procede una investigación formal en su contra.