La disputa por la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) acordara, por mayoría de tres votos contra dos, dejar sin efecto los amparos que habían frenado la reelección de Walter Mazariegos para el período 2026-2030. Aunque la resolución aún debe ser firmada por los magistrados, el acuerdo alcanzado en el pleno despeja el camino para que el actual rector inicie un nuevo mandato el próximo 1 de julio.
Sin embargo, más allá del resultado, la atención se ha concentrado en el papel desempeñado por Julia Marisol Rivera, magistrada titular de la CC electa por el Consejo Superior Universitario (CSU), el mismo órgano universitario que validó la reelección de Mazariegos. Según fuentes constitucionales citadas por Prensa Libre, Rivera no solo votó a favor de mantener vigente la reelección, sino que además fue ponente de una de las resoluciones que terminaron favoreciendo al rector.
La mayoría que respaldó a Mazariegos estuvo integrada por Rivera, Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, mientras que la presidenta de la CC, Anabella Morfín y Astrid Lemus, votaron en contra. La división vuelve a reflejar las fracturas internas dentro del máximo tribunal constitucional en uno de los casos políticos y académicos más controvertidos de los últimos años.
El acuerdo de la Corte revierte los efectos de resoluciones emitidas por juzgados civiles que habían suspendido la continuidad de Mazariegos debido a cuestionamientos sobre la legalidad del proceso electoral universitario. Entre las acciones frenadas figura incluso un amparo definitivo otorgado apenas días atrás, una circunstancia que ha provocado nuevas críticas entre los sectores que impugnan la elección.
Para los grupos opositores dentro de la Usac, el protagonismo de Rivera agrega una dimensión especialmente sensible al caso. La magistrada llegó a la Corte por designación del CSU y ahora participa en una resolución que beneficia directamente a las autoridades universitarias que impulsaron su nombramiento. Aunque no existe hasta ahora ningún pronunciamiento judicial que cuestione formalmente su participación, el hecho ha reactivado el debate sobre posibles conflictos de interés y sobre la independencia con la que deben actuar los magistrados en asuntos relacionados con las instituciones que los eligieron.
La controversia se produce en un contexto en el que la reelección de Mazariegos continúa siendo cuestionada por organizaciones universitarias, docentes, estudiantes y sectores profesionales que denuncian exclusiones de cuerpos electorales y presuntas irregularidades durante el proceso realizado en abril. Los opositores sostienen que la discusión ya no se limita a quién dirige la universidad pública, sino que se ha convertido en una disputa sobre la autonomía universitaria y el papel de las altas cortes en la resolución de conflictos políticos e institucionales.
Si las resoluciones son finalmente firmadas en los términos acordados por la mayoría, Walter Mazariegos quedará en posición de iniciar un segundo mandato al frente de la Usac. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, la decisión amenaza con profundizar un debate que ya ha trascendido los límites de la universidad para instalarse en el centro de la discusión nacional sobre justicia, institucionalidad y concentración de poder.