La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgó un amparo provisional que suspende la construcción de la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, ubicada en el municipio de Morales, apenas un día después de que el Gobierno iniciara los trabajos del proyecto.
La resolución ordena la suspensión inmediata de las obras, mientras se resuelve de forma definitiva el recurso presentado por ciudadanos que cuestionaron el proyecto y alertaron sobre posibles riesgos en la zona.
Entre los argumentos considerados por el tribunal destaca el riesgo de inundación en el área, lo que podría representar un peligro tanto para los privados de libertad como para las comunidades cercanas. También se señalaron posibles vulneraciones a derechos constitucionales si la obra continúa sin evaluaciones adicionales.
La Sala ordenó además notificar a las autoridades involucradas, entre ellas el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, quienes deberán presentar informes en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la notificación oficial de la resolución.
El proyecto de la cárcel “El Triunfo” en Izabal representa una de las mayores inversiones recientes del Gobierno en infraestructura penitenciaria. Según datos oficiales, la obra tendría un costo aproximado de Q997 millones, equivalentes a unos US$130 millones, con capacidad para más de 2,000 reos de alta peligrosidad.
La construcción estaría a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para aislar a líderes criminales y recuperar el control del sistema penitenciario
Sin embargo, la resolución judicial deja en pausa la obra apenas iniciada, en un nuevo episodio que refleja las tensiones entre proyectos de seguridad y procesos legales.
La suspensión introduce incertidumbre en una de las apuestas más ambiciosas del Ejecutivo en materia de seguridad, especialmente porque la obra se anunció como parte de la estrategia para enfrentar el control criminal dentro de las cárceles. La decisión judicial, por tanto, no solo detiene una infraestructura, sino que pone en pausa uno de los pilares de la política de seguridad del Gobierno.