El presidente Bernardo Arévalo sancionó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), normativa que busca modernizar la institución encargada de representar y defender los intereses jurídicos del Estado.
La ley, aprobada previamente por el Congreso con amplio respaldo, establece cambios estructurales para fortalecer el funcionamiento de la entidad y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar litigios nacionales e internacionales, así como ampliar la protección de grupos vulnerables, especialmente de la niñez.
El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, calificó la aprobación como “un momento histórico”, al señalar que la institución llevaba más de tres décadas operando sin una ley orgánica propia que definiera claramente su estructura y funcionamiento.
Esta situación se remonta a la reforma constitucional de 1994, cuando el Ministerio Público se separó de la PGN. Desde entonces, la procuraduría continuó funcionando con normas anteriores que no reflejaban los cambios institucionales del sistema de justicia, lo que limitaba su capacidad organizativa y operativa.
La nueva legislación define la estructura interna de la institución y crea dependencias especializadas, entre ellas una Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, que tendrá funciones específicas para representar legalmente a menores y ejecutar medidas de protección ordenadas por los tribunales.
La PGN, conocida como el “abogado del Estado”, tiene el mandato constitucional de asesorar jurídicamente a las instituciones públicas y representar a la Nación en procesos judiciales dentro y fuera del país.
Según autoridades, la entrada en vigor de la ley permitirá fortalecer la defensa legal del Estado y modernizar la institución, adaptándola a los desafíos actuales del sistema judicial guatemalteco.