La Corte de Constitucionalidad confirmó que el Ministerio Público debe investigar a dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala por mantener la suspensión de clases en escuelas públicas, pese a resoluciones judiciales que ordenaban reanudar las actividades educativas.
La resolución del máximo tribunal constitucional deja en firme la certificación de lo conducente por el posible delito de desobediencia, luego de que el sindicato mantuviera la suspensión de clases durante cerca de dos meses en 2025, afectando a numerosos centros educativos del país.
Además, la Corte confirmó multas de hasta Q4 mil para cada uno de los dirigentes sindicales, sanción impuesta por incumplir una sentencia de amparo que ordenaba levantar la medida y permitir el regreso a clases.
La denuncia fue promovida por la Procuraduría General de la Nación, que solicitó certificar lo conducente para que el Ministerio Público determine si procede abrir una investigación contra los dirigentes del sindicato.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha confirmado públicamente si ya existe un caso abierto en contra de los directivos del sindicato por estos hechos.
La suspensión de clases ocurrió en el marco de la convocatoria del STEG a una “asamblea permanente”, una medida sindical que derivó en la interrupción del servicio educativo en miles de escuelas del país.