El líder conservador José Antonio Kast asumió el 11 de marzo de 2026 como nuevo presidente de Chile, en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso que marcó el fin del gobierno de Gabriel Boric y el inicio de un nuevo ciclo político en el país.
Durante el acto de investidura, Boric entregó a Kast la banda presidencial y la piocha de O’Higgins, símbolos del poder ejecutivo chileno, en una ceremonia que reunió a delegaciones internacionales, autoridades regionales y representantes diplomáticos. El nuevo mandatario inicia su mandato 2026-2030 sin mayoría absoluta en el Congreso, por lo que deberá buscar acuerdos con otros sectores políticos para avanzar su agenda.
En su primer discurso, Kast definió su administración como un “gobierno de emergencia”, centrado en enfrentar lo que considera las principales crisis del país, entre ellas la inseguridad, el crecimiento económico y la migración irregular. El mandatario adelantó que impulsará medidas más estrictas para el control de fronteras y la expulsión de extranjeros en situación irregular.
La política migratoria ha sido uno de los ejes centrales del nuevo gobierno. Durante su campaña, Kast planteó que los migrantes irregulares deberían abandonar el país de forma voluntaria antes de enfrentar procesos de expulsión y sanciones, en un contexto marcado por el aumento del flujo migratorio en el norte de Chile y la presión sobre las autoridades fronterizas.
En ese contexto, la jornada de toma de posesión estuvo acompañada por tensiones vinculadas precisamente al tema migratorio. Según reportes de prensa internacional, un grupo de migrantes irregulares intentó abandonar Chile hacia Perú tras el cambio de gobierno y ante la expectativa de una política migratoria más estricta, lo que generó episodios de tensión en la zona fronteriza.
La llegada de Kast al poder ha sido interpretada por analistas como un giro político hacia posiciones más conservadoras en el país, especialmente en materia de seguridad, control migratorio y política económica. Su gobierno enfrenta ahora el desafío de aplicar estas medidas en un escenario político fragmentado y con un debate público intenso sobre el impacto de las nuevas políticas migratorias.