El Ministerio de Finanzas Públicas prepara una iniciativa de presupuesto para 2027 cercana a Q190 mil millones, monto que deberá presentar al Congreso antes del miércoles 2 de septiembre. La propuesta corresponde al último año completo de gestión del presidente Bernardo Arévalo y será ejecutada en medio del proceso electoral que definirá a las próximas autoridades del país.
El nuevo cálculo supera en aproximadamente Q9 mil millones el techo de Q181 mil 563 millones presentado en junio durante los talleres de presupuesto abierto. Frente al presupuesto vigente de Q168 mil 789 millones, el proyecto representaría un incremento de Q21 mil 211 millones, equivalente al 12.5 %, si el monto se confirma en el documento definitivo.
La Dirección Técnica del Presupuesto realiza los últimos ajustes en las asignaciones y programas antes de que el ministro Jonathan Menkos presente el proyecto al Gabinete y al presidente. Una vez recibido, el Congreso tendrá hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo; si no alcanza un acuerdo, continuaría vigente el presupuesto de 2026.
El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, advirtió que el incremento debe analizarse junto con los recursos que las instituciones dejarán sin ejecutar este año. Según su cálculo, la combinación entre el aumento proyectado y los saldos no utilizados podría representar una expansión efectiva de Q21 mil millones a Q22 mil millones, por lo que será necesario esclarecer qué rubros recibirán los recursos adicionales.
La propuesta preliminar mantiene entre sus prioridades la educación, salud, seguridad e infraestructura. Los mayores techos conocidos corresponden a Educación, con Q27 mil 898 millones; Salud, con Q18 mil 615 millones; Gobernación, con Q10 mil 490 millones; Comunicaciones, con Q9 mil 668 millones, y Defensa, con Q6 mil 374 millones. En conjunto, esas cinco carteras concentrarían alrededor de Q73 mil millones.
Además, se contemplan Q68 mil 340 millones para Obligaciones a Cargo del Tesoro y cerca de Q22 mil millones para el servicio de la deuda pública. El tamaño de estas asignaciones reducirá el margen disponible para inversión directa y obligará al Gobierno a explicar cómo financiará el aumento sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni elevar innecesariamente el endeudamiento.
El proyecto llegará al Congreso en un año especialmente sensible: será un presupuesto electoral y, al mismo tiempo, la última oportunidad de la actual administración para ejecutar sus principales compromisos. El debate no deberá concentrarse únicamente en cuánto aumenta el gasto, sino en la capacidad real de las instituciones para transformar esos recursos en carreteras, hospitales, escuelas y seguridad, después de varios ejercicios marcados por dificultades de ejecución y resultados poco visibles.