Cabal y Nery Ramos, bajo la sombra de Washington

Las versiones sobre la posible cancelación de las visas estadounidenses de Roberto Arzú y Nery Ramos, sumadas al caso previamente reportado de Luis Aguirre, aparecen cuando los dos primeros ya se proyectan como presidenciables para 2027. Aunque Washington no ha confirmado públicamente las medidas y los involucrados las niegan, el señalamiento golpea a políticos que desarrollan discursos, recorridos y actividades de evidente orientación electoral antes de la convocatoria oficial.

El caso resulta particularmente comprometedor para Cabal porque involucra a sus dos principales figuras. Fuentes citadas por La Hora aseguran que Arzú tendría una limitación para ingresar a Estados Unidos, mientras Aguirre fue mencionado desde octubre de 2025 como objeto de una revocación. Que el presidenciable y el secretario general del mismo partido aparezcan bajo versiones similares difícilmente puede despacharse como una coincidencia irrelevante, especialmente cuando la agrupación pretende asumir el control de la seguridad y las relaciones exteriores del país.

Arzú afirmó que su visa continúa vigente y que ingresó recientemente a México utilizando ese documento, pero esa circunstancia no demuestra que conserve autorización efectiva para entrar a Estados Unidos. Su actividad electoral anticipada tampoco es nueva: fue excluido de las elecciones de 2023 después de que el TSE considerara que incurrió en campaña prematura. A ello se suma su cercanía señalada con Francisco Edgar “Paco” Domínguez Higueros, identificado en investigaciones como supuesto dirigente de Los Caradura, mientras Aguirre fue cuestionado por reconocer públicamente a José Manuel “Ché Manuel” López, posteriormente condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Nery Ramos también negó haber recibido una notificación sobre su visa, pero su proyección presidencial está acompañada por cuestionamientos sobre su presunta cercanía con Pedro Alejandro Duque Soto, ligado a proceso por estafa, lavado de dinero y asociación ilícita en el caso del supuesto desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional. El MP investigó una camioneta blindada de unos US$85 mil utilizada por Ramos y vinculada con una empresa relacionada con Duque. El diputado negó relaciones personales, financieras o comerciales con el empresario y no está procesado en ese expediente, aunque todavía debe explicar con precisión cómo obtuvo y utilizó el vehículo.

Sobre ese escenario pesa una acusación aún más grave. Rodrigo Arenas, presidente y editor de República GT, denunció un supuesto plan para asesinarlo y atentar contra integrantes de su equipo editorial. El medio señaló a Arzú como presunto autor intelectual y mencionó al presidente del Congreso, Luis Contreras, y a los diputados Aguirre, Ramos y César Fión como supuestos participantes. Según la denuncia divulgada, algunas reuniones habrían ocurrido en La Yeguada 10, establecimiento relacionado con Aguirre, con presencia de personas vinculadas al narcotráfico y con el propósito de silenciar investigaciones sobre narcopolítica.

República GT afirmó que Arenas presentó información ante el Ministerio Público y compareció ante autoridades estadounidenses para declarar sobre el supuesto contrato de sicariato. También aseguró que las evidencias fueron trasladadas a Estados Unidos, pero su contenido y validación no se han divulgado públicamente. Los señalados rechazaron la acusación: Arzú dijo que no encontró una denuncia en su contra cuando acudió al MP, Aguirre presentó una contradenuncia y ofreció grabaciones del establecimiento, mientras los demás involucrados calificaron los señalamientos como falsos.

Ramos, entretanto, parece haber descubierto las ventajas de copiar una escenografía que ya funcionó en Colombia. Firmes, el proyecto que encabeza junto con figuras como Alfonso Portillo, emplea una retórica de autoridad y seguridad que recuerda al “Firmes por la patria” de Abelardo de la Espriella. Pero Washington no concede respaldos por la fuerza del grito ni por la solemnidad de una tarima: Donald Trump apoyó públicamente a De la Espriella y luego presumió que su intervención contribuyó a llevarlo a la Presidencia colombiana. Para Ramos, imitar la estética no bastará; primero tendría que aclarar su visa y distanciarse de amistades, financistas y operadores peligrosamente cuestionados.

La contradicción política es profunda: mientras otros aspirantes gastan recursos en cabilderos para conseguir acceso a la Casa Blanca, Arzú y Ramos promueven sus aspiraciones sin aclarar si son bienvenidos en Estados Unidos y, junto con Aguirre, aparecen señalados en una denuncia relacionada con periodistas que investigan el narcotráfico. Una revocación de visa no constituye una condena ni una denuncia demuestra culpabilidad, pero los antecedentes acumulados ya no admiten respuestas evasivas. Ningún mitin, consigna o firma de lobby sustituirá las explicaciones verificables que estos dirigentes todavía deben ofrecer.

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