La elección del próximo superintendente de Competencia quedó bajo revisión judicial, luego de que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo admitiera para trámite un amparo contra el Directorio de la institución. La acción cuestiona la convocatoria abierta para sustituir a Jorge Miguel Castillo Castro, aunque su admisión no significa que el tribunal haya validado los argumentos ni implica, por ahora, la suspensión del procedimiento.
La Sala, constituida como Tribunal Constitucional de Amparo, concedió al Directorio 48 horas para entregar un informe circunstanciado y copias certificadas de los antecedentes administrativos que sustentaron la convocatoria. La orden fue emitida el 26 de agosto a petición del economista Carlos Rodolfo de León Herrera, quien integró la nómina de seis aspirantes utilizada en la primera elección.
De León sostiene que no corresponde organizar una selección completamente nueva porque el funcionario designado no iniciará un período de seis años, sino que deberá completar el mandato de Castillo, vigente hasta el 12 de octubre de 2031. Bajo esa interpretación, el Directorio tendría que considerar nuevamente a los seis candidatos originales, entre quienes figura el propio accionante.
El amparo también impugna la Resolución 55-2026, aprobada el 10 de agosto, particularmente la disposición que establece que las etapas y actuaciones de la designación no admiten recursos ni medios de impugnación. De León considera que esa limitación vulnera el derecho constitucional de defensa y pidió suspender la convocatoria, primero de manera provisional y después definitiva.
La disputa deriva de una sucesión institucional mal resuelta desde marzo, cuando Castillo presentó su renuncia irrevocable. Cuatro meses después intentó retirarla, pero el Directorio rechazó la retractación el 27 de julio y aceptó definitivamente su salida. El exsuperintendente promovió un recurso de reposición, que también fue rechazado, dejando vacante la principal autoridad administrativa de una institución recién creada.
El Directorio respondió abriendo una convocatoria pública, bajo el criterio de que la Ley de Competencia le permite definir el procedimiento para cubrir la vacante. La recepción de expedientes finaliza el 31 de agosto y al menos ocho profesionales ya habían presentado su candidatura, por lo que una eventual suspensión afectaría un proceso que se encuentra en marcha y obligaría a determinar qué ocurrirá con esos postulantes.
La Sala deberá resolver si prevalece la nómina original o la facultad del Directorio para convocar una nueva selección. Más allá del interés particular del amparista, el litigio expone vacíos legales y decisiones administrativas susceptibles de impugnación en una entidad que debe comenzar a ejercer plenamente sus funciones en diciembre. Si el conflicto prolonga la falta de un titular, Guatemala podría estrenar su autoridad de competencia sin estabilidad en su máxima dirección, debilitando desde el inicio su capacidad para investigar prácticas anticompetitivas y supervisar concentraciones económicas.