El Organismo Judicial (OJ) denunció ante el Ministerio Público (MP) un faltante de armamento y varias irregularidades documentales detectadas en la armería de la institución. El hallazgo surgió durante verificaciones internas realizadas después de la salida del funcionario encargado de custodiar las armas.
Según el vocero del OJ, Rudy Esquivel, las primeras inconsistencias aparecieron durante el proceso de entrega del cargo, tras la renuncia del responsable de la armería. Ante las diferencias encontradas en el inventario, la Dirección de Seguridad Institucional solicitó ampliar las revisiones y efectuar auditorías internas.
Los procedimientos confirmaron que existen armas que no fueron localizadas y anomalías en la documentación relacionada con su control. Sin embargo, el OJ no ha revelado cuántas armas faltan, cuáles son sus características ni desde cuándo se desconoce su ubicación.
La institución tampoco aclaró si el armamento pertenece al Organismo Judicial o corresponde a armas decomisadas durante procesos penales y entregadas para su resguardo. Esta distinción será clave para determinar el origen de las piezas, los mecanismos de custodia que debían aplicarse y las posibles consecuencias para expedientes judiciales.
La Dirección de Seguridad Institucional presentó la denuncia penal identificada como MP-E01-2026-44082, que posteriormente fue ampliada y ratificada. El OJ aseguró que puso a disposición del Ministerio Público la documentación recabada para que establezca si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Las autoridades judiciales se abstuvieron de identificar al antiguo encargado de la armería y argumentaron que divulgar mayores detalles podría interferir en las diligencias. También señalaron que corresponde al MP reconstruir el movimiento de las armas, determinar quiénes tuvieron acceso a ellas y establecer en qué momento se produjeron las inconsistencias.
La denuncia representa una respuesta institucional necesaria, pero la falta de información sobre la cantidad y procedencia del armamento impide dimensionar la gravedad del caso. La investigación deberá esclarecer no solo el destino de las armas, sino también por qué los controles ordinarios no detectaron antes el faltante dentro de una institución responsable de administrar evidencias y garantizar la seguridad de los procesos judiciales.