La Comisión de Finanzas del Congreso comenzó a discutir la iniciativa 6726, que propone crear un fondo permanente para amortiguar las variaciones en los precios de la gasolina superior, la regular y el diésel. El mecanismo busca evitar que los incrementos abruptos del mercado internacional se trasladen completamente a los consumidores.
La propuesta contempla un aporte inicial del Estado de hasta Q2 mil 500 millones durante 2026 y establece que el fondo podría acumular un máximo de Q6 mil millones. De los recursos iniciales, Q1 mil 496 millones provendrían de una ampliación presupuestaria y Q1 mil 4 millones de una readecuación del gasto público.
El sistema funcionaría mediante un Componente Variable de Estabilización incorporado al Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados. Cuando los precios internacionales se encuentren bajos, el mecanismo acumularía recursos; cuando superen determinados umbrales, utilizaría ese dinero para compensar parte del incremento en el precio final.
Los ajustes se calcularían cada 14 días, con base en los precios de la gasolina y el diésel de ultra bajo azufre en la Costa del Golfo de Estados Unidos. El fondo comenzaría a acumular recursos cuando la referencia se ubique por debajo de US$2.30 por galón para las gasolinas y US$2.50 para el diésel, mientras las compensaciones se activarían al superar US$2.90 y US$3, respectivamente.
Una simulación aplicada al período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2026 estima que el mecanismo habría permitido compensaciones de hasta Q4.20 por galón de gasolina regular y Q7 por galón de diésel. Según el ejercicio, el fondo habría cerrado ese período con un saldo aproximado de Q3 mil 909 millones.
El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, consideró viable la propuesta, aunque reconoció que varios artículos necesitan ajustes. La viceministra de Finanzas, Patricia Joachín, advirtió sobre riesgos como la generación de crédito fiscal y el uso de mecanismos extrapresupuestarios, por lo que se acordó instalar una mesa técnica con representantes de Finanzas, Energía y Minas, la SAT, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Competencia.
La creación de un instrumento permanente podría ofrecer una respuesta más previsible que los subsidios temporales aprobados durante cada crisis, pero su efectividad dependerá de controles que garanticen que la compensación llegue al consumidor. También será necesario impedir que el fondo se convierta en una carga fiscal difícil de sostener o que termine absorbiendo ineficiencias y posibles distorsiones dentro de la cadena de distribución.