El oficial tercero de la Policía Nacional Civil (PNC) Carlos Arturo Colindres Lorenzo, de 45 años, murió tras recibir un disparo durante una diligencia de desalojo en la comunidad Macho Creek, Livingston, Izabal. Otros dos integrantes de las Fuerzas Especiales resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un centro asistencial.
La diligencia buscaba ejecutar una orden judicial sobre el terreno donde viven alrededor de cien familias q’eqchi’ y mestizas. Participaron una jueza de Paz de Livingston y representantes de distintas instituciones, mientras un contingente policial fue desplegado para acompañar el procedimiento.
Según el informe preliminar de la Inspectoría General de la PNC, las autoridades sostuvieron tres rondas de diálogo para solicitar el retiro voluntario de los ocupantes. Después del tercer intento, cuando los agentes esperaban instrucciones, se produjeron disparos que alcanzaron a los policías. La procedencia de los ataques deberá ser establecida por la investigación penal.
Colindres Lorenzo sufrió una herida en el abdomen y fue trasladado en la palangana de una autopatrulla hacia un hospital de Puerto Barrios. En videos difundidos desde el lugar se escucha a uno de sus compañeros decirle: “Vamos, jefe, ya vamos a llegar”. El oficial, originario de Jalapa, falleció poco después debido a la gravedad de la lesión.
Los otros agentes fueron identificados como Maynor Efraín Choc Chub, de 28 años, quien recibió un impacto en la pierna izquierda y sufrió una fractura de tibia, y Samuel Orlando Hernández Hernández, de 32, herido en el brazo izquierdo. Los primeros reportes mencionaron hasta cinco policías lesionados, pero la información posterior confirmó la muerte de uno y heridas de bala en otros dos.
El conflicto territorial tiene antecedentes. En octubre de 2025 ya se había intentado desalojar a las familias, pero la diligencia fue suspendida. Los comunitarios sostienen que Macho Creek tiene raíces históricas que se remontan al siglo XIX y afirman que sus antepasados utilizaron esas tierras para cultivar maíz, frijol, arroz y chile. También señalan que regresaron al lugar en 2017 para reclamar derechos sobre el territorio, una versión que deberá contrastarse dentro de los procesos judiciales correspondientes.
La muerte del policía exige identificar y procesar a los responsables de los disparos, pero el caso tampoco puede reducirse únicamente al enfrentamiento armado. La presencia de unas cien familias, el reclamo histórico sobre la tierra y los intentos fallidos de diálogo revelan un conflicto social no resuelto, cuya atención requiere seguridad para los funcionarios, garantías para la población y mecanismos institucionales capaces de evitar que las disputas territoriales terminen nuevamente en violencia.