Tres diputados dieron marcha atrás y retiraron las solicitudes de interpelación contra los ministros de Salud, Economía y Trabajo, modificando parcialmente el amplio calendario de juicios políticos que el Congreso había preparado contra el gabinete de Bernardo Arévalo. La decisión llega después de semanas de críticas del Ejecutivo por la acumulación de procesos y por el escaso avance que han mostrado las interpelaciones ya iniciadas.
Los desistimientos corresponden a Pablo Cifuentes, quien había solicitado interpelar al ministro de Salud, Joaquín Barnoya; Carlos Calderón, promotor del proceso contra la ministra de Economía, Gabriela García; y José Chic, quien retiró la petición contra la titular de Trabajo, Miriam Roquel. Las interpelaciones de Salud y Economía estaban previstas para comenzar este jueves 27 de agosto, por lo que su retiro altera de inmediato la agenda legislativa.
El cambio es significativo, pero está lejos de desmontar la presión sobre el Ejecutivo. El Congreso había llegado a programar 28 procesos de interpelación contra 12 de los 14 ministros, con fechas distribuidas entre el 27 de agosto y el 22 de octubre. La UNE concentra buena parte de las solicitudes todavía pendientes, mientras otros diputados también han promovido procesos contra distintos integrantes del gabinete.
Las interpelaciones se han convertido en uno de los principales puntos de tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Arévalo ha defendido el derecho constitucional de los diputados a fiscalizar a los ministros, pero sostiene que la acumulación de procesos termina obstaculizando el funcionamiento del Gobierno. Una vez calendarizada una interpelación, el ministro afectado no puede ausentarse del país mientras permanezca abierto el procedimiento, lo que ha condicionado también actividades oficiales en el extranjero.
El problema se ha hecho especialmente visible con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, iniciada en noviembre de 2025 y que nueve meses después todavía no ha concluido. Las prolongaciones, repreguntas y frecuentes suspensiones por falta de quórum han llevado incluso al presidente del Congreso, Luis Contreras, a plantear sesiones ordinarias martes y miércoles y reservar los jueves para interpelaciones, con el propósito de evitar que el control político continúe paralizando otros asuntos legislativos.
El retiro de los tres procesos supone así un alivio parcial para el gabinete, pero no pone fin al pulso político alrededor de las interpelaciones. Todavía permanece una extensa lista de ministros llamados a comparecer y será determinante observar si los tres desistimientos constituyen casos aislados o anticipan nuevas retiradas. Después de meses en los que el mecanismo de fiscalización ha consumido buena parte de la agenda legislativa, el debate comienza a desplazarse también hacia su efectividad: cuánto control político produce realmente y cuánto tiempo institucional termina absorbiendo.