La administración de Donald Trump prepara la revocación de visas B1 y B2 de hasta 200 mil extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos como visitantes de negocios o turistas y posteriormente solicitaron, o se encuentran solicitando, asilo. De concretarse en la magnitud prevista, sería la mayor operación de revocación masiva de visas en la historia estadounidense y alcanzaría documentos expedidos entre 2016 y 2026.
El Departamento de Estado confirmó que trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a quienes entraron como visitantes temporales y posteriormente recurrieron al sistema de asilo para permanecer en el país. Washington sostiene que las visas B1 y B2 se conceden bajo el supuesto de que el extranjero regresará a su país y considera fraudulento obtenerlas con la intención previa de solicitar asilo una vez dentro de Estados Unidos.
La cancelación, sin embargo, no significaría una deportación automática. Quienes tengan solicitudes de asilo pendientes podrían continuar con sus procesos, aunque perderían su condición como visitantes de negocios o turismo y serían reclasificados dentro del sistema migratorio. La revocación también impediría utilizar nuevamente esa visa para ingresar al país, incluso mientras se resuelve el procedimiento de asilo.
Una de las consecuencias más relevantes podría producirse si esos casos pasan al ámbito de los tribunales de inmigración. Especialistas consultados por medios estadounidenses señalan que la pérdida de la visa podría facilitar que determinados expedientes sean remitidos ante un juez y, si finalmente se rechaza el asilo, la persona podría quedar expuesta a un procedimiento de deportación. La cancelación del visado, por sí sola, no supone que la solicitud de protección quede automáticamente rechazada.
El plan se inscribe en un endurecimiento mucho más amplio de la política migratoria de Trump. Su Gobierno ha aumentado la revisión de solicitantes, ampliado controles sobre información personal y redes sociales, restringido la emisión de visas para ciudadanos de determinados países y reforzado medidas contra prácticas que considera mecanismos para eludir las normas migratorias. La administración asegura haber revocado ya más de 175 mil visas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca por diferentes causas.
La medida todavía podría enfrentar impugnaciones judiciales, especialmente por sus efectos sobre extranjeros que entraron legalmente y mantienen solicitudes de asilo pendientes. El Departamento de Estado prevé realizar las revocaciones de manera gradual, por lo que el número definitivo podría variar. El alcance es, en cualquier caso, considerable: Washington busca establecer una separación mucho más estricta entre entrar temporalmente como turista o viajero de negocios y utilizar posteriormente esa estancia como puerta de acceso al sistema de asilo estadounidense.