El Tribunal Supremo Electoral (TSE) modificó su mecanismo de compras por excepción para acelerar la adquisición de bienes, suministros y servicios necesarios para las elecciones generales de 2027. La decisión quedó establecida en el Acuerdo 302-2026, emitido el 18 de agosto, que modifica el procedimiento aprobado apenas un mes antes y busca evitar que los tiempos de las licitaciones y cotizaciones ordinarias interfieran con el calendario electoral.
La autoridad electoral argumenta que la organización de unos comicios exige contrataciones dentro de plazos muy específicos, difíciles de conciliar en determinados casos con los procedimientos habituales de Guatecompras. Para ello recurrirá a la modalidad contemplada en el artículo 44, literal f), de la Ley de Contrataciones del Estado, que permite realizar adquisiciones por excepción durante los ejercicios fiscales en los que se desarrollan procesos electorales o consultas populares.
El nuevo procedimiento establece una ruta más corta: las dependencias presentarán sus requerimientos acompañados de documentación técnica, legal y financiera; el Departamento de Compras y Contrataciones revisará los expedientes y generará el Número de Operación Guatecompras (NOG), mientras una Junta Receptora de Ofertas evaluará las propuestas. La adjudicación deberá ser posteriormente aprobada por la Presidencia del TSE o por el Pleno de Magistrados, según corresponda.
La agilización incluye además la posibilidad de establecer Juntas Receptoras de Ofertas y Comisiones Receptoras y Liquidadoras permanentes, evitando tener que conformar nuevas estructuras administrativas para cada adquisición. Pese a tratarse de compras por excepción, el TSE sostiene que los procesos continuarán publicados en Guatecompras y deberán contar con disponibilidad presupuestaria y los respectivos dictámenes técnicos, financieros y legales.
La modificación adquiere particular relevancia después de que el TSE presentara también esta semana el SIP 245, sistema que sustituirá al TREP para la transmisión de información preliminar en 2027. Tecnología, logística, centros de votación y contratación de servicios comienzan así a entrar en una etapa acelerada de preparación, cuando faltan cinco meses para la convocatoria oficial prevista para enero.
La rapidez, sin embargo, tendrá que caminar de la mano de controles especialmente rigurosos. Las compras electorales movilizan recursos importantes y algunas contrataciones del proceso de 2023 quedaron rodeadas de cuestionamientos, por lo que reducir tiempos administrativos no puede traducirse en reducir fiscalización. El desafío para el TSE será demostrar que puede llegar preparado a 2027 sin sacrificar transparencia: en una elección, tan importante como comprar a tiempo será poder explicar con claridad qué se compró, a quién y bajo qué condiciones.