Una investigación periodística de La Hora puso bajo escrutinio los mecanismos de contratación y ascenso dentro del Organismo Judicial (OJ), al documentar testimonios sobre presunta venta de plazas, cobros que alcanzarían los Q80 mil y padrinazgos políticos o sindicales para acceder a determinados puestos. Entre los elementos centrales figura una conversación telefónica de más de seis minutos, obtenida por el medio, en la que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos plantea a un aspirante distintas vías para conseguir una plaza 011, desde contar con “cuello político” o el respaldo de un sindicato hasta efectuar un pago por el puesto.
La llamada ofrece una dimensión particularmente inquietante a los señalamientos. Según la investigación, durante la conversación se menciona la posibilidad de recurrir a la recomendación de un político o diputado, además de la intermediación sindical, y se plantea que el eventual pago podría realizarse en dos partes: una inicialmente y otra después de recibir el primer salario. La Hora precisa que no pudo establecer la identidad de la trabajadora que participa en la conversación, mientras la voz del aspirante fue distorsionada para proteger su identidad.
El trabajo periodístico no se limita a esa grabación. Durante varias semanas fueron entrevistados 15 trabajadores y funcionarios del sistema judicial, entre secretarios, oficiales, notificadores, comisarios, jueces, personal administrativo y letrados de la Corte Suprema de Justicia. Tres de los consultados aseguraron haber recibido directamente ofrecimientos para obtener una plaza o conseguir un ascenso a cambio de dinero, mientras otros describieron un entramado en el que conexiones políticas, sindicales o internas podrían terminar pesando más que los méritos profesionales.
El caso adquirió mayor dimensión cuando Claudia Paredes, presidenta de la CSJ y del Organismo Judicial, reconoció que durante este año la institución recibió una denuncia relacionada con un supuesto cobro de dinero a cambio de una plaza. El expediente fue investigado y posteriormente desestimado por falta de pruebas. Ese antecedente no acredita por sí mismo las nuevas denuncias recogidas por el medio, pero confirma que señalamientos de esta naturaleza ya habían llegado formalmente a conocimiento de las máximas autoridades judiciales.
La publicación provocó además una reacción dentro del propio OJ. Organizaciones sindicales exigieron una investigación, aunque sus pronunciamientos derivaron también en señalamientos entre ellas sobre posibles responsabilidades e influencias en la institución. Las acusaciones cruzadas añaden otra dimensión a un escenario en el que convergen intereses administrativos, sindicales y políticos alrededor de las plazas y las oportunidades de ascenso.
La gravedad del asunto trasciende una eventual irregularidad administrativa. El Organismo Judicial es precisamente la institución llamada a garantizar que la ley prevalezca sobre el dinero, las influencias y los intereses particulares. Si llegara a comprobarse que el acceso o el ascenso dentro de esa estructura puede negociarse mediante pagos o padrinazgos, el daño alcanzaría la profesionalización de la carrera judicial y, sobre todo, la confianza ciudadana en quienes tienen encomendada la administración de justicia.
El momento tampoco resulta menor. La CSJ busca actualmente respaldo del Congreso para reformas importantes al Código Procesal Penal, mientras reclama herramientas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica y uniformar determinados criterios judiciales. Que simultáneamente una investigación periodística coloque bajo cuestionamiento los mecanismos internos para acceder a puestos dentro del OJ expone una contradicción difícil de ignorar: fortalecer la justicia hacia afuera exige garantizar primero transparencia dentro de la propia institución.
Para una ciudadanía que durante años ha escuchado promesas de independencia, depuración y fortalecimiento institucional, los señalamientos representan una nueva y profunda decepción. Pero el verdadero daño sería que las revelaciones se consumieran en unos días de indignación sin consecuencias posteriores. La investigación de La Hora ha colocado elementos suficientemente serios sobre la mesa para exigir respuestas; corresponde ahora investigar, individualizar responsabilidades si las hubiera y separar mediante evidencia las denuncias de los hechos comprobados. Cuando las sospechas alcanzan la institución encargada de impartir justicia, también queda bajo examen la capacidad del propio sistema para investigarse a sí mismo.