El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta misma semana operativos para identificar y deportar a migrantes en situación irregular, comenzando por extranjeros vinculados con actividades delictivas. La instrucción, anunciada durante un consejo de seguridad en Barranquilla, representa un marcado giro en la política migratoria de un país que durante más de una década mantuvo una estrategia orientada principalmente hacia la regularización e integración de millones de venezolanos.
De la Espriella fue explícito al presentar la medida como una decisión política de su Gobierno y no únicamente como una actuación administrativa de Migración Colombia. Ordenó operaciones coordinadas con la Policía para localizar inicialmente a extranjeros que estén cometiendo delitos y posteriormente avanzar sobre quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación migratoria. “Se van”, sentenció el mandatario al explicar el alcance de la nueva directriz.
El alcance potencial es considerable. Colombia se convirtió durante la crisis venezolana en el principal receptor de ciudadanos procedentes del país vecino y actualmente alberga alrededor de 2.8 millones de venezolanos; unos 848 mil estarían en situación irregular, entre ellos aproximadamente 193 mil menores de edad. Durante los gobiernos anteriores se desarrollaron mecanismos extraordinarios de protección y regularización precisamente para incorporar a esa población al sistema laboral, sanitario y educativo.
La decisión marca así una ruptura con una política que había mantenido importantes elementos de continuidad incluso entre gobiernos ideológicamente enfrentados. Colombia pasó de ser históricamente un país de emigrantes a convertirse en escenario de uno de los mayores movimientos migratorios de América Latina. Frente a esa realidad, la regularización había funcionado como principal herramienta de gestión; el nuevo Ejecutivo coloca ahora el control migratorio y las deportaciones en el centro de su estrategia.
El anuncio refleja también la impronta que De la Espriella busca imprimir a su Gobierno apenas unas semanas después de asumir la Presidencia. Seguridad, control territorial y combate contra el crimen organizado aparecen como ejes centrales de la nueva administración, y la política migratoria comienza a incorporarse a esa agenda. El giro supone además un cambio significativo respecto del Gobierno de Gustavo Petro y redefine uno de los asuntos más sensibles de la relación de Colombia con Venezuela.
La orden constituye, en cualquier caso, una de las primeras grandes definiciones políticas de la nueva Presidencia colombiana. De la Espriella ha decidido romper con el enfoque de regularización que caracterizó durante años la respuesta del Estado frente a la migración venezolana y sustituirlo por una política centrada en control, operativos y deportaciones. El verdadero alcance de ese viraje comenzará a medirse esta misma semana, cuando las instrucciones presidenciales pasen del discurso a su aplicación sobre el terreno.