El precio del diésel vuelve a colocar bajo presión a la economía guatemalteca. En estaciones de servicio el galón ha alcanzado Q45.69, nivel que devuelve el combustible a máximos recientes después del alivio observado a comienzos de agosto. El encarecimiento tiene una repercusión que rebasa a quienes llenan directamente el tanque: el diésel mueve buena parte del transporte pesado, autobuses, producción agrícola y distribución de mercancías, por lo que una escalada prolongada amenaza con trasladarse hacia los costos de alimentos, servicios y otros productos de consumo cotidiano.
La presión coincide con un debate político que permanece sin resolver. El Ejecutivo presentó la iniciativa 6801, Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, que plantea subsidiar con Q12 cada galón de diésel y Q3 el de gasolina regular hasta finales de 2026. Para financiarla se contemplan Q3 mil 480 millones mediante readecuaciones y ampliaciones presupuestarias, pero la propuesta no ha conseguido hasta ahora los acuerdos necesarios en el Congreso, donde distintas bancadas han presentado alternativas y cuestionamientos sobre su diseño.
La demora volvió a ser cuestionada esta semana por el presidente Bernardo Arévalo, quien durante la apertura del paso a desnivel de la calzada Roosevelt urgió al Legislativo a avanzar con las medidas destinadas a amortiguar el impacto del combustible. El mandatario insistió en que las soluciones planteadas por el Ejecutivo dependen ahora de decisiones que corresponden al Congreso, mientras los elevados precios continúan golpeando a familias y sectores productivos. La intervención trasladó nuevamente al Legislativo una discusión que lleva semanas atrapada entre propuestas de subsidio, fondos de estabilización y desacuerdos entre bloques.
La preocupación también ha llegado desde el transporte extraurbano. Representantes del sector solicitaron al Congreso retomar con urgencia las iniciativas relacionadas con los combustibles y advirtieron que el diésel constituye su principal insumo operativo. Paralelamente, diputados promueven la creación de un fondo permanente de compensación y estabilización, con un capital inicial de Q1 mil 500 millones ampliable hasta Q3 mil millones, que podría activarse cuando las cotizaciones internacionales superen determinados umbrales y generar rebajas de hasta Q4.60 por galón. La propuesta busca sustituir la lógica de subsidios coyunturales por un mecanismo capaz de responder automáticamente a futuras crisis.
El debate, sin embargo, también alcanza las cuentas públicas. El subsidio propuesto por el Ejecutivo supondría Q3 mil 480 millones adicionales de respaldo estatal, después de que Guatemala ya destinara Q2 mil millones al programa aplicado entre mayo y julio. Economistas han cuestionado además si los subsidios generalizados constituyen la herramienta más eficiente para proteger a los hogares de menores ingresos, debido a que una parte importante del beneficio puede terminar concentrándose entre quienes consumen mayores cantidades de combustible.
Con el diésel nuevamente por encima de Q45, la discusión ha dejado de ser únicamente energética para convertirse en un problema de costo de vida y capacidad de respuesta política. Mientras Ejecutivo y Congreso continúan disputando cuál mecanismo debe aplicarse, transportistas, productores y consumidores absorben diariamente el incremento. El verdadero desafío será evitar que el encarecimiento del combustible termine recorriendo toda la cadena económica hasta aparecer, multiplicado, en el precio de los alimentos y servicios que pagan los hogares guatemaltecos.