Durante demasiado tiempo, Guatemala ha aprendido a convivir con una inquietante colección de secretos a voces: nombres que reaparecen, financistas de procedencia nebulosa, poderes territoriales difíciles de penetrar y votaciones legislativas donde las fronteras partidarias se evaporan con sorprendente facilidad. La denuncia de amenazas de muerte formulada por Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, y la posterior publicación del dossier The Narco-political Forces in the Guatemalan State han vuelto a colocar muchas de esas piezas sobre una misma mesa. La cuestión que emerge trasciende a sus protagonistas: cuánto tiempo puede una democracia convivir con la sombra del crimen organizado antes de que aquello que comenzó merodeando sus márgenes termine encontrando acomodo en los espacios donde se administra el poder.
Cuando los secretos a voces adquieren forma
La narcopolítica no irrumpió ayer en Guatemala. Sus huellas atraviesan décadas de investigaciones sobre financiamiento electoral, cacicazgos departamentales, municipalidades, contratación pública y relaciones entre dirigentes políticos y estructuras vinculadas al narcotráfico. Buena parte de estas historias resultan familiares para una sociedad acostumbrada a contemplar cómo determinados nombres desaparecen durante algún tiempo para regresar, bajo nuevas siglas y alianzas, al escenario público.
Lo novedoso del dossier publicado este agosto no reside necesariamente en descubrir cada una de esas piezas, sino en intentar ensamblarlas dentro de un mismo mosaico. El documento parte de la política visible —partidos, diputados y votaciones— y avanza hacia círculos de operadores, financistas, alcaldes e intermediarios territoriales. Su pretensión es explicar no únicamente quién se relaciona con quién, sino cómo diferentes formas de poder pueden converger hasta adquirir capacidad de influencia dentro del Estado.
El recorrido comienza donde late buena parte del poder político guatemalteco: el Congreso. El documento examina particularmente a CABAL, UNE y FIRME a partir de sus alianzas y patrones de votación, y observa cómo legisladores procedentes de distintas bancadas pueden terminar actuando conjuntamente alrededor de determinadas decisiones. La reciente discusión sobre las modificaciones relacionadas con el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) aparece como uno de los ejemplos utilizados para ilustrar esas convergencias. La política partidaria, vista desde esta óptica, deja de ser solamente una disputa entre siglas y comienza a revelar corrientes subterráneas que pueden unir intereses aparentemente distantes.
La imagen que surge describe una modalidad de penetración considerablemente más refinada que la vieja caricatura del narcotraficante comprando voluntades en una habitación oscura. El dinero conquista territorio; el territorio construye estructura; la estructura cosecha votos; los votos ocupan curules; y desde las curules se administran presupuestos, leyes e influencia. Cuando esos mecanismos sobreviven a partidos, gobiernos y elecciones, comienzan a adquirir la textura de una institución informal: invisible en el organigrama oficial, pero capaz de gravitar sobre su funcionamiento.
Poder, territorio y el rastro incómodo del dinero
Dentro del entramado construido alrededor de CABAL, Roberto Arzú y Luis Fernando Aguirre aparecen como piezas complementarias de una alianza donde cada uno aporta aquello de lo que el otro carece. Arzú ofrece un apellido de enorme peso político, reconocimiento nacional y una candidatura capaz de proyectar al partido más allá de sus bastiones territoriales; Aguirre aporta la maquinaria partidaria, capacidad de articulación legislativa y una extensa red departamental. Para Arzú, además, CABAL representa una vía de regreso a la competencia electoral después de haber quedado fuera de las dos últimas contiendas presidenciales. El resultado es una sociedad políticamente eficaz: apellido y candidatura por un lado; partido, territorio y estructura por el otro.
Pero es al seguir el dinero cuando ese paisaje pierde cualquier apariencia de normalidad. El dossier recupera la relación financiera entre Arzú y Francisco “Paco” Domínguez y aporta un elemento particularmente concreto: escrituras notariales de marzo de 2019 registran a Roberto Arzú y Fabián Augusto Ranucci reconociéndose deudores de Domínguez por US$700 mil y Q4 millones, obligaciones garantizadas con acciones de sociedades mercantiles, entre ellas la operadora de la franquicia IHOP en Guatemala. Alrededor de ese mismo universo aparecen Marllory Chacón Rossell, “La Reina del Sur”, y el clan Mendoza, nombres largamente asociados a la historia del narcotráfico regional. Frente a documentos, deudas y relaciones concretas, la discusión abandona el cómodo territorio de la abstracción y obliga a preguntarse qué vasos comunicantes se han construido entre dinero, negocios, estructuras territoriales y aspiraciones de poder.
El episodio de José Manuel López Morales resulta todavía más difícil de ignorar. Extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado por narcotráfico, fue vinculado por investigaciones a una organización capaz de mover hasta tres toneladas de cocaína mensuales y, tras recuperar la libertad, regresó a Guatemala para reconstruir su perfil público alrededor de la actividad ganadera. En agosto de 2024, Aguirre participó dentro del propio Congreso de la República en la entrega de un reconocimiento a López Morales por sus supuestas “contribuciones a la sociedad”. La escena posee una fuerza que apenas necesita adjetivos: un condenado por narcotráfico en Estados Unidos regresando al país para recibir un homenaje en el corazón del Poder Legislativo, con la participación de quien hoy dirige CABAL.
La investigación coloca a Aguirre en el punto donde confluyen varias de esas relaciones y examina sus conexiones políticas con entornos vinculados a los Mendoza y a Chacón. El cuadro resulta perturbador por una razón más elemental: las fronteras entre ganadería, financiamiento, poder territorial y política aparecen una y otra vez extraordinariamente porosas. Es precisamente allí donde el dinero deja de necesitar esconderse. Después de atravesar suficientes puertas puede adquirir respetabilidad empresarial, transformarse en influencia y terminar vistiendo traje, ocupando espacios de poder y hablando el lenguaje impecablemente legal de las instituciones.
El dossier lleva esa misma lógica hacia otro terreno particularmente sensible al abordar a Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil y expresidente del Congreso. Atribuye al denominado “clan Ramos”, con participación operativa de su hermano Osbin, la facilitación de un corredor para el traslado de narcóticos que partiría de la frontera con Honduras, atravesaría Guatemala hasta Huehuetenango y continuaría hacia México. La descripción adquiere especial relevancia por el pasado de Ramos al frente de la PNC y porque la investigación sostiene que la red se beneficiaría de contactos dentro de la institución policial y de períodos de menor presencia de agentes sobre el territorio.
La mecánica descrita es tan sencilla como inquietante: aprovechar momentos en los que personal policial de diferentes regiones es desplazado hacia la capital para actividades de capacitación, dejando ventanas de menor cobertura que facilitarían el movimiento de cargamentos con un riesgo reducido de interdicción. El planteamiento introduce una dimensión todavía más profunda de la narcopolítica: no solamente dinero buscando influencia o proximidad al poder, sino conocimiento, relaciones y fisuras dentro del propio aparato estatal convertidos en potenciales ventajas para las rutas del narcotráfico.
Cuando resulta más cómodo quebrar el espejo
La publicación de estas investigaciones adquirió otra dimensión después de que Arenas denunciara amenazas contra su vida y mencionara públicamente a varios actores políticos. Las respuestas llegaron rápidamente: negativas categóricas, severos cuestionamientos contra el periodista y anuncios de acciones judiciales. La controversia pudo haberse consumido como tantas otras en la agitada conversación pública guatemalteca. Pero tras las amenazas denunciadas y la tormenta política que siguió, no hubo repliegue: hubo una escalada.
En lugar de retirar nombres o moderar el alcance de lo publicado, apareció The Narco-political Forces in the Guatemalan State, con nuevas relaciones y la pretensión de dibujar un sistema mucho más amplio detrás de ellas. Romper el espejo siempre resulta más sencillo que detenerse a examinar aquello que refleja. En un país profundamente polarizado, desacreditar al mensajero puede convertirse rápidamente en sustituto de la discusión sobre el mensaje. Pero cuando sobre la mesa comienzan a acumularse nombres, documentos, relaciones y antecedentes, la pregunta verdaderamente importante deja de ser quién pronuncia la denuncia y pasa a ser qué harán las instituciones con aquello que ha quedado expuesto.
Ahí comienza la responsabilidad del Estado. Guatemala no necesita condenas pronunciadas desde los titulares ni absoluciones decretadas desde las tribunas políticas; necesita instituciones capaces de seguir el dinero, reconstruir relaciones, examinar estructuras y determinar dónde termina la política legítima y dónde comienzan los intereses que buscan capturarla. El vacío que deja un Estado titubeante nunca permanece vacío durante demasiado tiempo. Lo ocupan quienes poseen suficiente dinero, territorio o influencia para convertir la debilidad institucional en oportunidad.
Washington coloca la mirada sobre 2027
La discusión adquirió además una dimensión internacional. Tras conocerse las amenazas denunciadas contra Arenas, la Embajada de Estados Unidos calificó de “alarmantes, pero no sorprendentes” las informaciones sobre políticos vinculados al narcotráfico y expresó su “cero tolerancia” hacia los narcotraficantes y quienes les proporcionen cobertura política. Que el mensaje se proyectara sobre el horizonte electoral de 2027 resulta particularmente significativo: Washington no colocó únicamente el foco sobre cargamentos, capos o rutas clandestinas, sino sobre las redes políticas capaces de proporcionar protección e influencia.
El matiz es trascendente. Combatir el narcotráfico observando únicamente al hombre que transporta la droga mientras se ignora a quienes eventualmente facilitan dinero, información, protección o acceso institucional equivale a podar las ramas mientras las raíces continúan extendiéndose bajo tierra. La convergencia entre crimen organizado y poder político deja entonces de ser un problema exclusivamente policial y se convierte en una cuestión de seguridad democrática.
2027: cuando el poder regrese a las manos del ciudadano
Quizá el mayor peligro para Guatemala no sea únicamente la narcopolítica. Es acostumbrarse a ella. Las sociedades también pierden capacidad de asombro: después de suficientes escándalos, cada nombre provoca menos indignación, cada relación incómoda envejece con mayor rapidez y cada controversia espera simplemente a que la siguiente termine sepultándola. La impunidad puede comenzar en los tribunales, pero alcanza su victoria más profunda cuando consigue conquistar también la memoria colectiva.
En 2027 regresarán los rostros sonrientes sobre las vallas, las caravanas, las promesas de seguridad, los discursos de mano dura y las biografías cuidadosamente pulidas para la temporada electoral. Algunos se vestirán de renovación; otros intentarán presentarse como salvadores de un país cansado. Pero detrás de cada fotografía debería permanecer una pregunta mucho más incómoda: quién financia al candidato, quién construye su estructura territorial, quién lo rodea, quién le abre las puertas y qué intereses esperan acompañarlo cuando alcance el poder. Guatemala no necesita votar desde el miedo ni desde la consigna; necesita hacerlo desde la memoria.
Porque durante unos minutos frente a una papeleta, el poder volverá silenciosamente a las manos del ciudadano. Y si el dinero criminal consigue comprar influencia, la influencia construye candidaturas y esas candidaturas reciben después legitimidad en las urnas, el narcotráfico habrá conseguido algo infinitamente más valioso que atravesar una frontera con un cargamento: habrá aprendido a cruzar, revestido de legalidad y vestido de democracia, la puerta principal del Estado. Guatemala todavía tiene en sus manos la posibilidad de cerrarla.