El Gobierno del presidente Donald Trump endureció los controles contra el denominado “turismo de parto”, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras ingresan a Estados Unidos con visas temporales con el propósito principal de dar a luz en territorio estadounidense. Las nuevas disposiciones han comenzado a sentirse particularmente en la frontera con México, donde durante décadas numerosas familias han cruzado legalmente para que sus hijos nazcan del lado estadounidense y adquieran la ciudadanía por nacimiento.
La ofensiva se apoya en una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 6 de agosto, que autoriza a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional a reforzar las medidas contra quienes utilicen visas de no inmigrante para estos fines. La Casa Blanca define el “turismo de parto” como el ingreso mediante una visa temporal con el propósito de dar a luz en Estados Unidos e incluye también a quienes faciliten esos viajes. Entre las posibles consecuencias contempla la negativa o revocación de visas, la denegación de entrada e incluso prohibiciones futuras de ingreso.
En la práctica, el endurecimiento significa un escrutinio mucho mayor en consulados y puertos fronterizos. Especialistas consultados en Tijuana advierten que las mujeres embarazadas pueden enfrentar interrogatorios minuciosos para determinar el verdadero propósito de su viaje. El embarazo, por sí mismo, no constituye una causa automática para negar una visa o el ingreso, y las normas permiten viajar para recibir tratamiento médico; la diferencia radica en si las autoridades consideran que el objetivo principal es dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé.
Washington también ha comenzado a actuar sobre visas ya concedidas. El secretario de Estado, Marco Rubio, impulsó un grupo de trabajo específico para investigar estas prácticas y las redes que las facilitan. Las autoridades estadounidenses reportaron inicialmente más de 600 visas revocadas, mientras información posterior elevó a alrededor de 900 los visados temporales cancelados dentro de la ofensiva. El Gobierno sostiene que detrás de algunos casos existen organizaciones que comercializan paquetes para viajar, alojarse y dar a luz en Estados Unidos, además de asesorar a sus clientes para ocultar ante funcionarios consulares el verdadero propósito del viaje.
La medida tiene especial impacto en comunidades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, donde los vínculos familiares, médicos y económicos con California, Texas o Nuevo México forman parte de la vida cotidiana. Organizaciones y especialistas han advertido además sobre posibles consecuencias sanitarias si el temor a perder una visa lleva a mujeres con embarazos avanzados a retrasar o evitar atención médica, mientras abogados migratorios alertan de un escenario de controles considerablemente más estrictos.
La ofensiva forma parte de una batalla política y jurídica más amplia de Trump contra la ciudadanía automática por nacimiento. La Decimocuarta Enmienda continúa protegiendo el principio de ciudadanía por nacimiento, y los intentos de la Administración por restringirlo han enfrentado obstáculos judiciales. Ante esas limitaciones, la Casa Blanca ha dirigido ahora parte de su estrategia hacia un terreno donde dispone de mayores herramientas ejecutivas: el control migratorio, la concesión de visas y la admisión de extranjeros.
Para los viajeros latinoamericanos, el mensaje es particularmente claro: tener una visa estadounidense válida ya no garantiza que las autoridades fronterizas acepten sin cuestionamientos el propósito declarado de un viaje durante el embarazo. Con consulados, agentes migratorios y departamentos federales trabajando bajo un escrutinio reforzado, el llamado “turismo de parto” se convierte en un nuevo frente de la política migratoria de Trump y en otra expresión de su ofensiva por restringir el acceso a beneficios migratorios derivados del nacimiento en suelo estadounidense.