El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomó este viernes 21 de agosto sus funciones después de 112 días de licencia, pese a que permanece bajo el peso de una acusación presentada en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Su regreso abre un nuevo capítulo en un caso que ha trascendido las fronteras mexicanas, tensionado la relación con Washington y provocado ahora un visible distanciamiento dentro del propio oficialismo.
Rocha se había separado temporalmente del cargo el 1 de mayo, después de que el Departamento de Justicia estadounidense lo incluyera junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en una acusación relacionada con actividades del narcotráfico. De acuerdo con el expediente estadounidense, el gobernador habría conspirado con integrantes de Los Chapitos para facilitar sus operaciones y habría llegado al poder en 2021 con respaldo de esa estructura criminal. Rocha ha rechazado categóricamente los señalamientos, que considera falsos y políticamente motivados.
Durante los más de tres meses que permaneció apartado de sus funciones, el mandatario compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana. Al anunciar su retorno, aseguró que las diligencias realizadas en México no encontraron elementos que acreditaran delitos o nexos con el narcotráfico y sostuvo que regresaba para cumplir el mandato para el cual fue electo, que concluye el 31 de octubre de 2027. Sin embargo, las investigaciones mexicanas no han sido declaradas concluidas y las acusaciones formuladas desde Estados Unidos continúan gravitando sobre el caso.
El expediente tiene además un antecedente especialmente delicado. Tras su detención en Estados Unidos en julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que había sido citado a una reunión en la que supuestamente participarían Rocha Moya y el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, encuentro que terminó con el asesinato de Cuén y el traslado forzado de Zambada hacia territorio estadounidense. Rocha negó haber participado y afirmó que aquel día se encontraba fuera de Sinaloa. Posteriormente, la FGR mexicana confirmó elementos de la versión sobre el secuestro de Zambada, aunque no estableció la participación del gobernador.
El retorno ha provocado una reacción política poco habitual: Rocha vuelve al Palacio de Gobierno sin el respaldo explícito de su propio partido. Morena afirmó que no había sido informado previamente de su decisión y se deslindó del regreso, mientras dirigentes oficialistas han planteado que debería reconsiderarlo mientras continúen las investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum también marcó distancia y sostuvo este sábado que ningún interés personal puede situarse por encima del interés del pueblo y de la nación.
La oposición, por su parte, ha utilizado el episodio para cuestionar la política oficial contra la impunidad, mientras el caso amenaza con convertirse en una nueva fuente de fricción entre México y Estados Unidos. Rocha es el primer gobernador mexicano en funciones acusado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con un cártel, un precedente particularmente sensible en momentos en que Washington ha endurecido su estrategia contra las organizaciones criminales y las redes políticas que podrían facilitar sus operaciones.
Su regreso ocurre, además, en un Sinaloa profundamente golpeado por la violencia derivada de las disputas internas del Cártel de Sinaloa. De esta manera, Rocha retoma formalmente las riendas del estado, pero lo hace políticamente más aislado, con una acusación estadounidense todavía sobre la mesa y con interrogantes que 112 días de ausencia no consiguieron disipar. El episodio vuelve a colocar en el centro del debate mexicano una cuestión cada vez más difícil de eludir: qué ocurre cuando las sospechas sobre las relaciones entre narcotráfico y política dejan de alcanzar únicamente a funcionarios secundarios y comienzan a rozar las estructuras más elevadas del poder.