La Comisión de Postulación para elegir al próximo Contralor General de Cuentas inició este viernes 21 de agosto la recepción de expedientes de los profesionales interesados en dirigir la institución durante el período 2026-2030. La documentación se recibe en la Universidad Rafael Landívar (URL), después de que la convocatoria oficial fuera publicada el jueves en el Diario de Centro América. Con esta etapa comienza a definirse el universo de candidatos entre los cuales la postuladora deberá seleccionar seis nombres para remitirlos al Congreso.
Los aspirantes dispondrán de únicamente cuatro jornadas para entregar su documentación. La recepción comenzó este viernes, continuará el sábado 22 y se reanudará el lunes 24 y martes 25 de agosto. Los candidatos deberán ser guatemaltecos, mayores de 40 años, contadores públicos y auditores, acreditar reconocida honorabilidad y prestigio profesional, encontrarse en pleno goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y demostrar al menos diez años de ejercicio profesional.
La apertura ocurre mientras permanece pendiente uno de los componentes más sensibles del proceso, la tabla de gradación que determinará cómo serán valorados los méritos de los candidatos. El presidente de la Comisión, Miquel Cortés, propondrá que únicamente puedan optar a integrar la nómina quienes alcancen al menos 75 puntos. La discusión será determinante, porque no solo deberá establecerse el umbral, sino también cuánto peso tendrán la experiencia, formación académica y otros méritos. La Comisión ya definió, además, elementos del perfil relacionados con ética, objetividad, independencia y ausencia de vínculos político-partidarios.
El proceso ha registrado también una primera división alrededor de la participación de observadores sociales. El Movimiento Cívico Nacional solicitó ser escuchado para presentar recomendaciones sobre el trabajo de la postuladora y 18 de los 27 comisionados respaldaron concederle audiencia, mientras nueve no apoyaron la propuesta. La mayoría permitió finalmente abrir ese espacio, pero la resistencia de un tercio de los integrantes adquiere relevancia porque la observación ciudadana constituye uno de los principales mecanismos externos para examinar las decisiones de una comisión que deberá evaluar méritos, conocer eventuales objeciones y justificar sus votos.
Los tiempos son estrechos. La postuladora deberá revisar requisitos, conocer señalamientos, evaluar los expedientes y reducir el universo de participantes hasta integrar una nómina de seis candidatos que será enviada al Congreso, cuyos diputados tendrán la decisión definitiva sobre quién encabezará durante cuatro años la institución responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos. La selección abarcará además un período particularmente sensible, pues el próximo contralor ejercerá durante las elecciones generales de 2027 y buena parte de la siguiente administración.
La recepción de expedientes abre formalmente la competencia, pero las primeras discusiones muestran que la atención no estará únicamente sobre quiénes se postulen. La definición de los 75 puntos, la distribución de la tabla de gradación, el tratamiento de las objeciones y la disposición de los comisionados a someter sus decisiones al escrutinio público serán igualmente determinantes para medir la credibilidad del proceso. La elección de quien fiscalizará las cuentas del Estado hasta 2030 comienza así con un desafío doble: seleccionar perfiles técnicamente sólidos y hacerlo mediante reglas suficientemente transparentes para reducir el margen de acuerdos ajenos al mérito.