El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, que declara por 30 días el estado de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos, una medida excepcional destinada a acelerar la atención de la crisis provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. La decisión habilita al Ejecutivo para adoptar decretos con fuerza de ley dirigidos específicamente a responder a las consecuencias de la catástrofe, mientras Colombia entra en una fase en la que la atención inmediata comienza a convivir con el enorme desafío de la reconstrucción.
La magnitud de los daños explica el recurso al mecanismo constitucional. El balance oficial reportado hasta el miércoles situaba en 314 las personas fallecidas, 262 desaparecidas y 4 mil 437 heridas, además de más de 262 mil afectados. El impacto sobre la infraestructura es igualmente severo, con 30 mil 664 viviendas destruidas, cerca de 137 mil averiadas y 302 edificios colapsados. También se registran daños en centros educativos, establecimientos sanitarios, carreteras, puentes, acueductos y aeropuertos, principalmente en el occidente del país.
La emergencia otorga al Gobierno herramientas que no tendría durante una situación ordinaria, entre ellas expedir decretos con fuerza de ley y movilizar con mayor rapidez recursos nacionales e internacionales para atender a los damnificados y recuperar la infraestructura. De la Espriella había anticipado además la creación del denominado Fondo Milagro, concebido para canalizar recursos hacia la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas, vías y aeropuertos afectados. El Gobierno ha señalado que buscará tomar como referencia algunos elementos del modelo aplicado después del terremoto del Eje Cafetero de 1999.
La decisión supone, sin embargo, una ampliación temporal considerable de la capacidad de actuación del Ejecutivo, precisamente cuando las necesidades financieras de la reconstrucción serán extraordinarias. Las estimaciones iniciales sitúan las pérdidas económicas alrededor de los 30 billones de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente al 1,5% del producto interno bruto. La declaratoria deberá ser examinada por la Corte Constitucional, encargada de determinar si las circunstancias justifican el estado de excepción y si las medidas adoptadas guardan relación directa con la emergencia que les dio origen.
El control constitucional adquiere especial importancia porque una emergencia económica permite al presidente legislar temporalmente sin seguir el procedimiento ordinario del Congreso, aunque esa facultad no es ilimitada. La Corte Constitucional anuló este mismo año una declaratoria promovida por el anterior Gobierno de Gustavo Petro en circunstancias muy diferentes, al considerar que comprometía el sistema de pesos y contrapesos. El terremoto presenta ahora un escenario materialmente distinto por la dimensión de la catástrofe, pero los controles sobre el uso de facultades excepcionales continúan siendo parte esencial del mecanismo.
Con cientos de muertos, decenas de miles de viviendas destruidas y una reconstrucción cuyo costo se contará en billones de pesos, la discusión ya no se limita a la necesidad de actuar con rapidez, sino a cómo hacerlo manteniendo controles sobre la contratación y el uso de los recursos públicos. La emergencia ofrece al Gobierno de De la Espriella instrumentos extraordinarios para responder a una tragedia igualmente extraordinaria; el reto será demostrar que la velocidad que exige la reconstrucción puede coexistir con transparencia, fiscalización y rendición de cuentas durante los próximos meses.