Las instituciones públicas de Guatemala han acelerado la incorporación de sistemas de videovigilancia apoyados en inteligencia artificial, incluido el reconocimiento facial, mientras el país continúa sin una legislación específica que regule la protección de los datos personales. Entre 2022 y 2026 se adjudicaron al menos 122 contrataciones relacionadas con estas tecnologías por unos Q69.9 millones, según una investigación basada en registros de Guatecompras y solicitudes de acceso a información pública.
La mayor parte de las adquisiciones corresponde a municipalidades y muchas se realizaron mediante procedimientos de compra directa, sin licitación pública. La investigación advierte además sobre contrataciones fragmentadas y proveedores cuestionados. El problema no radica únicamente en cuánto está gastando el Estado, sino en que la expansión tecnológica avanza más rápido que los mecanismos legales destinados a controlar su utilización.
Uno de los casos más relevantes es el de la Municipalidad de Guatemala, que en marzo de 2026 adjudicó por Q89 mil 900 un servicio de reconocimiento facial con inteligencia artificial para su Centro de Monitoreo C4. La concentración de cámaras tampoco es uniforme: en la zona 1 existen hasta 94 cámaras por kilómetro cuadrado, algunas orientadas hacia lugares como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Embajada de Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia.
El alcance del sistema trasciende la vigilancia municipal. Desde septiembre de 2024 existe un convenio entre el Ministerio de Gobernación y la Municipalidad de Guatemala que permite a la Policía Nacional Civil acceder a unas 4 mil cámaras municipales, incluidos sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas. No existe, sin embargo, un permiso o autorización previa que las instituciones deban obtener de Gobernación para instalar cámaras o crear centros de monitoreo, según reconoció la propia cartera.
La ausencia de una ley específica deja abiertas cuestiones esenciales: quién puede acceder a las imágenes y datos biométricos, durante cuánto tiempo pueden conservarse, bajo qué circunstancias pueden compartirse y cómo puede un ciudadano exigir su eliminación. Guatemala carece todavía de una ley integral de protección de datos personales y de un marco sólido de ciberseguridad, mientras las iniciativas relacionadas permanecen pendientes en el Congreso.
La tecnología puede contribuir a prevenir delitos, identificar sospechosos y mejorar la respuesta de las autoridades, pero su utilización masiva también plantea riesgos para la privacidad, la protesta y la libertad de reunión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares sobre necesidad, proporcionalidad y control independiente de la vigilancia estatal. Los sistemas de reconocimiento facial documentados en la investigación fueron adquiridos sin evaluaciones previas que garantizaran esos estándares, según el reportaje.
El Gobierno trabaja actualmente con el PNUD y otras instituciones en una Estrategia de Inteligencia Artificial para el Organismo Ejecutivo, con la intención declarada de promover una adopción ética y segura de estas herramientas. El desafío es que la regulación deje de avanzar por detrás de la tecnología: mientras se discuten lineamientos y leyes, cámaras capaces de identificar rostros y analizar información biométrica ya forman parte de los sistemas públicos de seguridad del país.