La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para analizar la crisis política en Nicaragua, ante el avance del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia la eliminación del sistema electoral. La convocatoria fue respaldada por 29 países, mientras Brasil votó en contra y México se abstuvo, en una sesión del Consejo Permanente celebrada en Washington.
La decisión responde a un escenario que podría alcanzar un punto decisivo en cuestión de días. El próximo 1 de septiembre, la Asamblea Nacional nicaragüense tiene previsto avanzar en la eliminación de la posibilidad de votar, como parte de las reformas impulsadas por Ortega y Murillo para transformar el sistema político y prolongar los mandatos de las principales autoridades del país.
La reforma contempla ampliar a siete años los períodos de numerosos cargos públicos y establecer mecanismos que profundizarían la permanencia del actual poder político. La preocupación internacional se concentra especialmente en la desaparición de elecciones competitivas y en la exclusión definitiva de sectores opositores, después de años de detenciones, desnacionalizaciones y restricciones a la participación política.
Ante ese escenario, Estados Unidos promovió la convocatoria de los cancilleres con el respaldo de una amplia mayoría de los miembros de la OEA. La futura reunión deberá discutir qué acciones concretas puede adoptar el sistema interamericano frente a Nicaragua, elevando el asunto desde el debate diplomático del Consejo Permanente hacia una instancia política de mayor nivel.
La votación también evidenció diferencias dentro de América Latina. Brasil se opuso a convocar la reunión, mientras México justificó su abstención en sus principios de no intervención y autodeterminación, al considerar que la crisis nicaragüense no constituye una amenaza para la paz y la seguridad hemisféricas. Pese a esas posiciones, el respaldo de 29 países permitió aprobar ampliamente la convocatoria.
La situación nicaragüense llega a esta nueva fase después de años de deterioro de las garantías democráticas. Las elecciones de 2021 estuvieron marcadas por el encarcelamiento o exclusión de aspirantes opositores y fueron cuestionadas internacionalmente, mientras posteriormente se profundizaron las restricciones contra organizaciones políticas, medios, universidades, organizaciones civiles y voces críticas. La eliminación del mecanismo electoral supondría un paso todavía mayor en la concentración institucional del poder.
La reunión de cancilleres deberá ahora determinar hasta dónde está dispuesta a llegar la OEA frente a ese escenario. El debate ya no se centra únicamente en exigir elecciones libres y competitivas, sino en responder a la posibilidad de que Nicaragua elimine formalmente el voto como mecanismo para la renovación del poder, una decisión que profundizaría su aislamiento dentro del sistema interamericano.