Estados Unidos impuso este martes sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), en una nueva escalada de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya. La medida fue formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a la magistrada japonesa en su lista de personas sancionadas.
Washington sancionó también a Abdoulaye Seye, jurista senegalés y alto funcionario de la Fiscalía de la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las medidas señalando que ambos participaron en actuaciones destinadas a investigar, detener o procesar a funcionarios de países que no han aceptado la jurisdicción del tribunal. Estados Unidos no forma parte de la CPI y rechaza que esta pueda ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos o los de países aliados que tampoco reconocen su competencia.
Las sanciones implican el bloqueo de los activos que Akane y Seye puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y los excluyen prácticamente del sistema financiero de Estados Unidos, con repercusiones potencialmente más amplias debido al peso de ese sistema en las operaciones bancarias internacionales. La Administración Trump ya había aplicado medidas similares contra otros fiscales y jueces de la CPI.
El enfrentamiento se intensificó especialmente por las actuaciones de la Corte relacionadas con la guerra en Gaza. Washington ha cuestionado los procedimientos contra autoridades israelíes, incluidos los mandatos de arresto emitidos contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, y considera que el tribunal excede sus competencias al actuar contra ciudadanos de Estados que no forman parte del Estatuto de Roma.
La disputa, sin embargo, viene de antes. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y ya había confrontado con la CPI por sus investigaciones sobre posibles crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. La llegada de Trump volvió a convertir esa oposición jurídica en una política de presión económica directa contra quienes participan en determinadas actuaciones del tribunal.
Akane ha defendido reiteradamente la independencia de la Corte frente a las presiones externas. La magistrada ha sostenido ante Naciones Unidas que la CPI es una institución judicial y no política, y ha advertido que las amenazas y medidas coercitivas pueden comprometer la administración independiente de la justicia internacional.
La sanción contra la propia presidenta eleva ahora el enfrentamiento a uno de sus niveles más altos. Washington busca limitar la capacidad de la CPI para actuar contra funcionarios estadounidenses y de sus aliados, mientras el tribunal defiende que su independencia exige poder investigar los crímenes más graves sin presiones políticas. El choque trasciende así a Akane y vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde pueden llegar las grandes potencias para rechazar la jurisdicción de una institución creada precisamente para perseguir genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.