La ambiciosa ofensiva del presidente de Chile, José Antonio Kast, contra el crimen organizado comenzó a generar fisuras entre sus propios aliados. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contempla más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional, pero algunos de sus puntos han despertado reparos en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), dos fuerzas que respaldan al Gobierno.
El plan busca reforzar las capacidades del Estado frente a las organizaciones criminales mediante medidas que incluyen el despliegue permanente en 50 barrios considerados críticos y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La propuesta constitucional modificaría entre 10 y 12 artículos para proporcionar respaldo jurídico a varias de las medidas planteadas por el Ejecutivo.
Las principales diferencias dentro del oficialismo se concentran precisamente en los cambios constitucionales. Entre las propuestas conocidas figuran un nuevo Estado de Excepción para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, facultades para intervenir telecomunicaciones en determinadas zonas y restricciones de ciertos derechos para condenados por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado. Para sectores de la derecha, el problema no es el objetivo de combatir al crimen, sino incorporar estas excepciones directamente en la Constitución.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que su partido no está dispuesto a respaldar la reforma en los términos conocidos hasta ahora. Aunque comparte el objetivo de fortalecer la seguridad, considera que algunas disposiciones podrían debilitar la institucionalidad al convertir excepciones en normas constitucionales. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad”, afirmó el dirigente.
Las reservas también alcanzan a otros dirigentes del sector. El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, sostuvo que existen dudas legítimas sobre aspectos del proyecto relacionados con la discriminación arbitraria y defendió la necesidad de proteger la institucionalidad vigente. Las objeciones muestran una división poco habitual en un ámbito —la seguridad— que ha sido uno de los principales puntos de convergencia de la derecha chilena.
La controversia surge pocos días después de que el Gobierno exhibiera uno de los operativos más visibles de su política de seguridad. Cerca de 300 presos de alta peligrosidad fueron trasladados a la nueva cárcel de La Laguna, en Talca, en una operación destinada a reforzar el control penitenciario y aislar a integrantes de organizaciones criminales. Kast ha convertido la lucha contra el crimen organizado en uno de los ejes centrales de su mandato, después de que la inseguridad ocupara un lugar determinante en la campaña electoral que lo llevó a La Moneda.
El debate deja ahora al Gobierno ante una prueba política que trasciende la seguridad pública. Kast necesitará construir acuerdos en el Congreso incluso dentro de su propia coalición para sacar adelante el componente constitucional de la ACOT, mientras sus aliados intentan conciliar una política más dura contra el crimen con los límites institucionales que consideran necesario preservar. La discusión sobre hasta dónde puede llegar el Estado para combatir a las organizaciones criminales se perfila así como uno de los primeros grandes debates políticos de su Gobierno.