El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que Guatemala cumplió las diez condiciones establecidas para acceder al 50% de los fondos de asistencia destinados a su Gobierno, recursos cuya liberación permanecía condicionada por la legislación estadounidense. El mismo aval fue otorgado a El Salvador y Honduras, según la certificación publicada el 6 de agosto en el Registro Federal de Estados Unidos.
La resolución fue emitida por el subsecretario de Estado Christopher Landau, al amparo de la sección 7045(b)(2)(A) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Conexos de 2026. La normativa establece que el 50% de determinados fondos destinados a la asistencia de los gobiernos centroamericanos queda condicionado a esta certificación y al correspondiente informe ante los Comités de Asignaciones del Congreso estadounidense.
Entre las condiciones certificadas por Washington figuran algunas particularmente sensibles para Guatemala: combatir la corrupción y la impunidad, investigar y procesar a funcionarios señalados de corrupción, fortalecer la independencia de las instituciones judiciales y electorales y aumentar la transparencia del financiamiento de partidos y campañas políticas. Estados Unidos también considera cumplidos requisitos relacionados con la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, sociedad civil y partidos de oposición, así como con la prestación de servicios de seguridad pública sujetos a rendición de cuentas.
Otro bloque de condiciones toca directamente dos de las prioridades de Washington en la región. La certificación establece que Guatemala coopera con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras formas de delincuencia transnacional, y que adopta medidas para asegurar sus fronteras y contener la migración irregular. También contempla la cooperación para el retorno, repatriación y reintegración de migrantes.
Washington evaluó además políticas para reducir la pobreza, generar oportunidades económicas y mejorar las condiciones para la inversión nacional y extranjera. En este último apartado aparecen asuntos concretos como la transparencia de las reformas fiscales, mecanismos para garantizar devoluciones tributarias adeudadas a empresas estadounidenses y la resolución de disputas relacionadas con bienes de entidades de ese país.
En términos prácticos, Guatemala no recibirá un 50% adicional de cooperación por haber sido certificada. Lo que ocurre es que la mitad de determinados fondos de asistencia estaba condicionada al cumplimiento de esos diez requisitos. La decisión permite desbloquear ese porcentaje y evita que el país pierda recursos destinados a diferentes programas de cooperación bilateral.
La certificación tiene además un peso político significativo para el Gobierno de Bernardo Arévalo. Washington está dejando por escrito que considera cumplidas condiciones en materias tan delicadas como corrupción, independencia judicial y electoral, financiamiento político y combate al narcotráfico, precisamente cuando varias de ellas dominan el debate interno previo a las elecciones de 2027. No constituye un respaldo general a toda la gestión gubernamental, pero sí una valoración formal favorable de Estados Unidos en áreas estratégicas de la relación bilateral.
Guatemala mantiene así abierto el acceso a una parte importante de la cooperación estadounidense mientras Washington conserva la condicionalidad como instrumento de presión y evaluación. La certificación libera recursos, pero también establece el estándar bajo el cual continuará siendo observada Guatemala: Estado de Derecho, combate a la corrupción y al narcotráfico, control migratorio, protección de derechos y un entorno confiable para la inversión.