Estados Unidos cerró el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, una serie de decisiones impulsadas por la administración de Donald Trump que afecta en conjunto a más de medio millón de personas que habían podido permanecer y trabajar legalmente en el país bajo este mecanismo de protección migratoria.
El TPS permite a Washington conceder protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden un retorno seguro. Aunque no concede residencia permanente, protege frente a la deportación y permite obtener autorización de empleo mientras permanece vigente la designación correspondiente.
La administración Trump ha defendido las terminaciones argumentando que las condiciones que justificaron originalmente determinadas designaciones ya no cumplen los requisitos establecidos por la legislación estadounidense. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha encabezado la revisión de varios programas de TPS como parte del endurecimiento general de la política migratoria del Gobierno.
La medida tiene especial impacto en Honduras y Nicaragua, cuyos ciudadanos recibieron TPS después de la devastación provocada por el huracán Mitch en 1998. Miles de beneficiarios llevan así más de dos décadas establecidos en Estados Unidos, donde han formado familias, trabajado y construido vínculos económicos con sus países de origen.
Haití y Venezuela concentran una parte considerable de las personas afectadas, después de que sus programas fueran ampliados durante administraciones anteriores debido a las crisis políticas, económicas, humanitarias y de seguridad de ambos países. La cancelación ha generado además una intensa batalla judicial, con decisiones de tribunales federales y actuaciones ante la Corte Suprema que han condicionado la aplicación de algunas terminaciones.
Para los beneficiarios, el final del TPS supone la pérdida de la protección frente a la deportación y de los permisos laborales vinculados al programa, salvo que dispongan de otro estatus migratorio o puedan acogerse a una vía legal diferente. Organizaciones defensoras de migrantes han advertido del impacto sobre personas que llevan años —y en algunos casos décadas— viviendo legalmente en Estados Unidos, mientras el Gobierno sostiene que el carácter del programa siempre fue temporal.
La decisión confirma un cambio profundo en la política migratoria estadounidense y amplía el número de latinoamericanos y caribeños que enfrentan incertidumbre sobre su permanencia en el país. Con más de 500 mil personas involucradas entre las cuatro nacionalidades, el cierre de estos programas se convierte en una de las medidas de mayor alcance de la ofensiva migratoria de la administración Trump y podría tener consecuencias sociales y económicas tanto dentro de Estados Unidos como en los países de origen.