El Ministerio Público (MP) confirmó amenazas contra fiscales que participan en investigaciones de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de armas, una nueva señal de presión sobre quienes investigan estructuras del crimen organizado en Guatemala. La institución aseguró que ya adoptó medidas de protección para resguardar a los funcionarios afectados.
La alerta adquiere especial relevancia por el momento en que se produce. Apenas días antes, el presidente Bernardo Arévalo había advertido públicamente sobre la penetración del narcotráfico en la política y el riesgo de que dinero procedente de actividades criminales busque influir en las campañas electorales. Sus declaraciones colocaron el fenómeno de la narcopolítica entre las preocupaciones que comienzan a rodear el proceso electoral de 2027.
A esa advertencia se sumó esta semana la denuncia de Rodrigo Arenas, presidente editor del medio digital República, quien aseguró haber recibido información sobre un supuesto plan para asesinarlo a él y atentar contra miembros de su equipo. Arenas atribuyó las amenazas a estructuras vinculadas con la narcopolítica sobre las que su medio ha publicado investigaciones. Hasta ahora, sin embargo, no se ha establecido públicamente una relación entre ese caso y las amenazas denunciadas por el MP contra sus fiscales.
La denuncia de Arenas provocó además una contundente reacción de Estados Unidos. Su Embajada en Guatemala calificó de alarmantes las informaciones sobre políticos vinculados al narcotráfico y dirigió una advertencia directamente relacionada con el próximo proceso electoral: Washington aseguró que tiene “cero tolerancia” con los narcotraficantes y quienes les proporcionen cobertura política, y advirtió que se mantendrá firme contra quienes utilicen el poder para proteger intereses delictivos.
El pronunciamiento del MP incorpora ahora otro frente al problema: las presiones contra quienes investigan directamente a las organizaciones criminales. Aunque la institución no ha divulgado las identidades de los fiscales amenazados ni detalles que puedan comprometer su seguridad, confirmó que se trata de personal relacionado con expedientes sobre narcotráfico, extorsiones y tráfico de armas y aseguró que continuará las investigaciones pese a las intimidaciones.
Los acontecimientos no permiten concluir que exista una única estructura detrás de las diferentes amenazas, pero su proximidad temporal aumenta la preocupación sobre la capacidad del crimen organizado para intimidar a investigadores, periodistas y otros actores que exponen sus actividades. La cuestión resulta todavía más sensible cuando el propio presidente ha advertido sobre el posible ingreso de recursos ilícitos en la política y Estados Unidos ha colocado expresamente el problema de la narcopolítica en el horizonte electoral de 2027.
Guatemala entra así en una etapa en la que la lucha contra el narcotráfico comienza a cruzarse cada vez más con el escenario político. Las amenazas denunciadas contra fiscales, el caso de Arenas y las advertencias de Arévalo y Washington son episodios distintos y deben investigarse como tales, pero juntos plantean una preocupación de fondo: hasta dónde pueden intentar llegar las estructuras criminales para proteger sus intereses cuando el país comienza a aproximarse a unas elecciones en las que la influencia del dinero ilícito será uno de los asuntos bajo mayor vigilancia.