La Superintendencia de Competencia abrió la convocatoria pública para seleccionar a un nuevo superintendente, una pieza clave para completar la puesta en marcha de la institucionalidad encargada de vigilar la libre competencia en Guatemala. La recepción de expedientes permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y el proceso incluirá evaluaciones técnicas y entrevistas públicas, mientras la entidad avanza en la integración de su estructura operativa.
Los aspirantes deberán ser guatemaltecos, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, acreditar reconocida honorabilidad y capacidad profesional, además de ser profesionales colegiados activos. También tendrán que demostrar conocimientos adecuados para ejercer el cargo y cumplir con las disposiciones de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. La convocatoria establece requisitos documentales específicos y mecanismos para verificar la experiencia y formación de los candidatos.
El proceso busca sustituir a Jorge Miguel Castillo Castro, quien había sido designado en octubre de 2025 como primer superintendente de Competencia y renunció en marzo de 2026, apenas unos meses después de asumir. La Ley de Competencia establece que el superintendente ejerce el cargo durante seis años y no puede ser reelecto, aunque no define expresamente si quien resulte elegido en esta nueva convocatoria deberá completar el período iniciado en 2025 o comenzará un nuevo mandato completo de seis años.
La elección tiene especial relevancia porque Guatemala apenas comienza a implementar una legislación de competencia aprobada después de décadas de retrasos. La nueva Superintendencia tendrá la facultad de investigar posibles prácticas anticompetitivas, concentraciones indebidas y acuerdos entre empresas que puedan afectar el funcionamiento de los mercados, por lo que la independencia técnica de quien la dirija será determinante para que la institución no quede subordinada a intereses políticos o empresariales.
El procedimiento contempla una evaluación técnica especializada y entrevistas públicas, con acompañamiento internacional, antes de que el Directorio tome la decisión final. El calendario, sin embargo, deja un margen limitado para completar la estructura de una entidad llamada a empezar a ejercer plenamente sus funciones en los próximos meses, después de una primera etapa marcada por la renuncia temprana de su máximo responsable.
La convocatoria no solo definirá quién dirigirá la Superintendencia, sino también bajo qué horizonte temporal lo hará. El vacío sobre la duración exacta del nuevo mandato añade una cuestión jurídica a un proceso que ya resulta sensible por el poder regulador que tendrá la institución. La credibilidad de la nueva autoridad dependerá, desde su inicio, de que la selección combine capacidad técnica, independencia y reglas suficientemente claras sobre la permanencia de quien asuma el cargo.