El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 19-2026, que amplía hasta el último día hábil de diciembre el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV). La disposición, que entra en vigor este miércoles 12 de agosto, concede casi cinco meses adicionales a los propietarios que no cumplieron antes del vencimiento original del 31 de julio y mantiene la validez de la tarjeta de circulación y la calcomanía de 2025 hasta finales de año.
La medida también exonera las multas e intereses generados desde el 1 de agosto hasta la entrada en vigencia del decreto, resolviendo la incertidumbre creada mientras la ampliación esperaba la sanción presidencial. El Congreso había aprobado la prórroga el 29 de julio de urgencia nacional y en un único debate, con 130 votos favorables, tres en contra y 27 diputados ausentes. Esa mayoría muestra que la decisión no constituye únicamente una concesión del oficialismo, sino una medida con amplio respaldo entre bancadas que habitualmente mantienen posiciones distintas frente al Gobierno.
El apoyo transversal tiene también una lectura política. La prórroga ofrece un beneficio inmediato y fácilmente perceptible para una parte de la población en momentos de presión sobre la economía familiar, y los diputados justificaron la extensión por el costo de combustibles, alimentos y otros gastos. Sin embargo, cerca del 70% de los propietarios ya había pagado el impuesto antes de concluir julio, por lo que la decisión plantea también una cuestión de equidad: quienes postergaron el cumplimiento reciben ahora cinco meses adicionales, mientras los contribuyentes que pagaron dentro del plazo original no obtienen un beneficio equivalente.
La amplitud del respaldo introduce además un matiz en un momento en que el Gobierno encuentra crecientes dificultades para construir mayorías en el Congreso. El contraste aparece con claridad frente al nuevo subsidio a los combustibles por Q3 mil 480 millones, anunciado por Arévalo mediante un mensaje extraordinario a la nación como una respuesta urgente, pero que tres semanas después sigue sin conseguir suficiente apoyo y quedó fuera de la agenda legislativa inmediata. Mientras las bancadas muestran resistencia a comprometer miles de millones de quetzales adicionales en gasolina y diésel, prácticamente cerraron filas para aplazar una obligación tributaria que afecta directamente a propietarios de vehículos.
La diferencia entre ambas decisiones permite observar la lógica que comienza a imponerse en el Legislativo conforme se aproxima el ciclo electoral de 2027. El aislamiento del oficialismo no es absoluto: los acuerdos aparecen cuando una medida ofrece un beneficio directo al contribuyente y supone un costo político reducido para las bancadas, pero resultan mucho más difíciles cuando el Ejecutivo solicita respaldo para iniciativas fiscalmente costosas o controvertidas. La prórroga puede tener un evidente atractivo popular, pero sus 130 votos impiden presentarla únicamente como una maniobra de Arévalo; en este caso, Gobierno y una amplia mayoría del Congreso comparten tanto la decisión como el eventual rédito político que pueda producir.