Todd Blanche, exabogado personal de Donald Trump, tomó posesión como fiscal general de Estados Unidos, después de superar una ajustada batalla de confirmación que expuso preocupaciones tanto demócratas como republicanas sobre el rumbo del Departamento de Justicia. El exfiscal federal de Nueva York asume oficialmente una institución que ya dirigía de manera interina desde el despido de Pam Bondi en abril, en un momento de fuertes tensiones internas y crecientes disputas entre la administración y los tribunales.
El Senado confirmó a Blanche por 50 votos a favor y 49 en contra, un margen que reflejó las dudas alrededor de un funcionario cuya trayectoria reciente está estrechamente vinculada al presidente. Antes de incorporarse al Gobierno, Blanche defendió personalmente a Trump en el proceso penal relacionado con los pagos a Stormy Daniels y participó en su estrategia legal frente a las causas federales sobre documentos clasificados y los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Su paso de abogado defensor del mandatario a máximo responsable de la aplicación de la ley federal coloca inevitablemente la independencia del Departamento de Justicia bajo escrutinio.
Blanche recibe además una agencia debilitada por renuncias, despidos y salidas voluntarias, mientras varias decisiones de la administración enfrentan una creciente resistencia en las cortes. Durante su período interino también quedó involucrado en controversias como la propuesta de crear un fondo de alrededor de US$1 mil 800 millones para compensar a personas que el Gobierno consideraba víctimas de persecución judicial durante la administración de Joe Biden, una iniciativa que encontró objeciones incluso entre republicanos y terminó siendo retirada en medio del proceso de confirmación.
El nuevo fiscal general deberá manejar también expedientes políticamente sensibles, entre ellos la desclasificación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, mientras responde a las críticas por la salida de funcionarios vinculados con investigaciones que afectaban a Trump. El desafío institucional adquiere especial dimensión ante las declaraciones del propio presidente, quien ha expresado reiteradamente su intención de exigir responsabilidades a adversarios a los que acusa de haber utilizado el sistema judicial en su contra. Blanche, por su parte, sostiene que su experiencia como abogado de Trump le permitió comprobar lo que considera una politización previa de la justicia federal.
La confirmación cierra la provisionalidad en la cúpula del Departamento de Justicia, pero no las dudas sobre su rumbo. Blanche tendrá que demostrar que puede dirigir una institución encargada de investigar y procesar delitos federales con independencia de los intereses políticos de la Casa Blanca, precisamente después de haber sido uno de los abogados de mayor confianza del presidente. La forma en que responda a las presiones políticas, las decisiones de los tribunales y los casos que involucren a aliados o adversarios de Trump determinará si su llegada consigue estabilizar la institución o profundiza las dudas sobre su autonomía.