La reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) entró en su fase decisiva con el decreto en manos del presidente Bernardo Arévalo, mientras crecen los cuestionamientos sobre su impacto en las finanzas municipales y la forma en que fue aprobada por el Congreso. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) pidió al Ejecutivo vetar la normativa, el alcalde de Mixco, Neto Bran, reclama también que sea devuelta al Legislativo y el diputado Luis Aguirre, uno de sus principales promotores, defiende que el cambio aliviará la carga económica de miles de propietarios.
El Decreto 18-2026 fue aprobado con 107 votos después de modificar considerablemente la propuesta original. La versión final establece una tasa de cero por millar para inmuebles residenciales y de uso mixto, mientras las propiedades comerciales pagarán tres por millar hasta Q500 mil, seis por millar entre Q500 mil y Q1 millón y nueve por millar cuando superen ese valor. El Congreso incorporó además como mecanismo de compensación que las municipalidades reciban lo recaudado mediante timbres fiscales en las segundas y posteriores compraventas de inmuebles.
Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal y uno de los dirigentes que impulsaron los cambios junto con la UNE y Todos, sostiene que el objetivo es reducir una carga que considera excesiva para las familias guatemaltecas. Aguirre ha defendido la eliminación del pago sobre viviendas como una medida de alivio económico, mientras el debate político se ha trasladado directamente a Mixco, donde Neto Bran se convirtió en uno de los principales opositores al decreto. El alcalde ha solicitado públicamente a Arévalo que lo vete, ante el efecto que podría provocar sobre los recursos disponibles para servicios y obras municipales.
La preocupación de Bran tiene un componente financiero considerable. Según ICEFI, alrededor del 75% de toda la recaudación del IUSI se concentra en Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa. El problema es que ni siquiera existe información suficientemente desagregada para determinar cuánto de esos ingresos procede de viviendas y cuánto de propiedades comerciales. Por esa razón, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del ICEFI, sostiene que actualmente no es posible calcular con rigor cuánto perderán las municipalidades ni si el nuevo ingreso por timbres fiscales conseguirá compensarlo.
Las objeciones del ICEFI van todavía más lejos. Barrientos considera que la reforma está deficientemente redactada y admite interpretaciones diferentes sobre un mismo impuesto, particularmente en el tratamiento de propiedades residenciales y de uso mixto. También cuestiona que una reforma tributaria haya sido tramitada desde la Comisión de Previsión y Seguridad Social y no desde Finanzas Públicas y Moneda, sin estudios de impacto conocidos ni análisis técnicos del Ministerio de Finanzas, la SAT y las municipalidades. El economista reconoce que el IUSI necesitaba modificaciones, especialmente para atender situaciones de adultos mayores, jubilados y familias con limitada capacidad de pago, pero sostiene que la solución aprobada carece de la precisión necesaria para una reforma fiscal.
La discusión revela además que el problema no se reduce a estar a favor o en contra del IUSI. El exministro de Trabajo Luis Linares considera que las tasas anteriores podían resultar excesivas para sectores de clase media y señala como ejemplo que un apartamento valorado entre Q600 mil y Q800 mil podía generar pagos anuales cercanos a Q8 mil. Su posición es que una tasa general de tres por millar habría corregido parte de esas distorsiones sin llevar el impuesto a cero para todas las viviendas, incluidas propiedades residenciales de elevado valor. La tasa cero, por tanto, beneficia tanto al propietario con dificultades para cumplir el tributo como a quien dispone de un patrimonio inmobiliario considerable.
Arévalo deberá decidir ahora entre sancionar una medida de fácil aceptación entre propietarios o devolver al Congreso una reforma que acumula objeciones técnicas y resistencia de alcaldes afectados. El presidente ya ha advertido sobre posibles motivaciones electorales detrás del decreto, aprobado cuando el país comienza a entrar en la dinámica política de 2027. La decisión tendrá un costo en cualquiera de las dos direcciones: el veto puede ser presentado como una defensa de un impuesto impopular, mientras la sanción obligará a comprobar si el alivio para los propietarios puede financiarse sin reducir los recursos municipales destinados a agua, drenajes, calles, seguridad y otros servicios públicos.